La negociación sobre la PAC 2014-2020 llega a su fin. Después de este tiempo de debates, cualquiera que sea el resultado, quedará lejos de la política respetuosa con el medio ambiente que necesita la agricultura, también la española. Por eso, las ONG ambientales demandan un cambio en las posiciones del Ministro de Agricultura y los eurodiputados españoles, para lograr una PAC que al menos incluya una garantía y objetivos ambientales mínimos, en beneficio del futuro del sector agrario.
Hasta el momento, la posición del Consejo ha buscado la reducción de los avances en materia de medio ambiente que presentaba la propuesta inicial para la nueva PAC. Por ejemplo, se ha rechazado la inclusión de las normativas europeas sobre uso de plaguicidas y protección de las aguas. Por otro lado, se sigue defendiendo la posibilidad de que un agricultor cobre dos veces por una misma actividad (en relación con las prácticas ambientales), lo que supone un auténtico despilfarro de fondos públicos.
Mientras, la posición del Parlamento Europeo incluye algunas propuestas interesantes en materia ambiental, con respecto a la del Consejo. No obstante, su posición de debilidad durante la negociación en el trílogo puede echar por tierra el potencial que una PAC más verde tendría para el medio ambiente, pero también para la agricultura española.
Por ello, SEO/BirdLife y WWF España solicitan al Ministro de Agricultura y a los eurodiputados españoles que revisen algunos aspectos clave de su posición sobre la reforma de la PAC. Sólo de esta forma se evitará dar un paso atrás con respecto a la situación actual y se contribuirá a asegurar la viabilidad a largo plazo del sector agrario, así como a la consecución de los objetivos de la UE en materia de medio ambiente y cohesión territorial. En concreto, las ONG proponen:
– Establecer un gasto mínimo obligatorio del 25% para objetivos ambientales en las ayudas de desarrollo rural, que evite el riesgo de reducción de inversión en este tipo de medidas.
– Rechazar la doble financiación (ilegal) que supondrían pagar dos veces a un agricultor por la misma actividad, lo que supondría un gasto inadecuado del dinero público.
– Asegurar sanciones significativas para aquellos que incumplan los requisitos de los pagos verdes (“greening”), con el fin de dar la importancia que merece este nuevo concepto y fomentar que todos los agricultores se acojan a estas medidas.
– Garantizar la protección de los pastos de alto valor ambiental, los humedales y los suelos ricos en carbono, ante la amenaza de transformación o roturación, dado su enorme valor ambiental y económico.
– Asegurar que las “áreas de interés ecológico” son gestionadas adecuadamente, con un uso mínimo controlado de plaguicidas y fertilizantes, sin permitir superficies de producción intensiva. Igualmente, se debe reconocer la necesidad de aplicar esta práctica también en loscultivos leñosos, especialmente afectados por problemas de erosión, excesiva demanda de agua y pérdida de biodiversidad.
– Introducir los requisitos de las Directiva europea de Uso Sostenible de Plaguicidas (DUSP) y Marco de Agua (DMA) en la condicionalidad que deben cumplir los agricultores como contrapartida por la percepción de las ayudas de la PAC, permitiendo la tan necesaria aplicación del principio “Quien contamina, paga” y contribuyendo a que no se ponga en riesgo la salud pública ni la disponibilidad de recursos básicos como el agua.
– Defender una financiación europea del 100% para los fondos transferidos del Pilar I (de pagos directos) al Pilar II (de desarrollo rural), fomentando así la transferencia de fondos en este sentido, y por tanto un mayor beneficio social y ambiental de la inversión pública.
– Revisar la posición en materia de inversiones en regadíos, asegurando su contribución al buen estado de ríos y acuíferos y, con ello, a la disponibilidad futura de este recurso vital.
SEO/BirdLife y WWF España recuerdan que el Consejo y el Parlamento todavía tienen una última oportunidad para defender el interés público y la agricultura sostenible en contra de los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales. Sólo con una PAC que promueva la protección de los recursos naturales aseguraremos el futuro de la agricultura a largo plazo. De otro modo, las ayudas seguirán yendo a apoyar prácticas agrarias intensivas, con impactos sobre el suelo, agua y la biodiversidad, o cuanto menos con poco valor para el interés general. Y al mismo tiempo, dejarían fuera de juego a aquellos agricultores y ganaderos que con su buen hacer, producen alimentos de calidad, a la vez que preservan el medio ambiente.
