El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, acompañado por el viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, y el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, recibió en Madrid el apoyo de las Comunidades Autónomas de Cataluña, el País Vasco, Andalucía y Asturias para la intención del Gobierno canario de denunciar ante el Tribunal Constitucional la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de reforma de la Ley de Costas.
Berriel aseguro que "de todos los motivos para denunciar la inconstitucionalidad de la Ley, hemos coincidido en un 80%, y el otro 20 son aportaciones que deberemos estudiar. Como ejemplo, el consejero canario habló de la apreciación catalana de que el Estado se reserva el cobro de todo canon que se ingrese por instalaciones en dominio público marítimo-terrestre, al margen de quien las gestione, algo que "debemos estudiar, pero que a priori también parece inconstitucional".
De considerarlo así, Canarias añadiría este punto a su recurso de inconstitucionalidad, basado en cuatro aspectos básicos:
1.- Por vulneración del principio de igualdad, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares, sin la adecuada motivación.
2.-Por la vulneración de la autonomía local, al otorgar a los delegados y delegadas del Gobierno la potestad de suspender actos de corporaciones locales, cuya tutela está reservada a los jueces y tribunales.
3.-Por la retroactividad de la norma, al imponer la exigencia de un nuevo informe, incluso vinculante, del Ministerio de Medio Ambiente, para suelos ya clasificados con anterioridad por el planeamiento.
4.-Por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas presentes se emplazaron a seguir compartiendo los análisis que hagan de la Ley, durante preparación de sus respectivos recursos de inconstitucionalidad, cuyo plazo de presentación expira con el mes de agosto.
