El texto impone que todos los agentes forestales, medioambientales, agents rurals, axentes forestais e medioambientais, guardas del medio natural, agentes para la protección de la naturaleza, guardas forestales, basozainas, basoko agenteak o guarderío forestal deban comunicar sus actuaciones al Seprona, en una clara demostración de centralización de competencias bajo un corporativismo muy evidente.
Si se trata de conseguir un ahorro para las arcas públicas, con estas medidas CCOO, UGT y AEAFMA no ven que se consiga ni el más mínimo ahorro, sino todo lo contrario, ya que habría que dotar al cuerpo de la Guardia Civil de un más que significativo número de personas, para dejar de lado a varios miles que ya tienen una formación técnica y de la que carecen los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Y, en el caso de eliminación de duplicidades, es precisamente el Seprona, creado en 1988 y reformado en 2002, el que pretende ocupar un espacio al cual se dedican los agentes forestales y medioambientales desde hace más de 135 años, con una intachable profesionalidad y dedicación.
Para CCOO, UGT y AEAFMA tampoco se ve el ahorro en el desarrollo de una aplicación geográfica de la Guardia Civil para la prevención los incendios forestales, cuando varias comunidades autónomas ya han desarrollado y disponen desde hace tiempo de aplicaciones similares.
Por otra parte, tampoco parece muy acertada la medida teniendo en cuenta los problemas de seguridad pública que han ido en aumento en el ámbito rural. La ciudadanía no va a entender que se destinen guardias civiles a hacer el trabajo que desde el Gobierno pretenden impedir que hagan los agentes forestales, en vez de destinarlos a ejercer sus competencias como fuerza de seguridad.
Por lo tanto, de llevar a cabo las medidas anunciadas por el informe CORA, lo único que se estará facilitando es el incremento de la comisión de delitos contra la naturaleza (incendios, envenenamientos, edificación ilegal en el medio natural, etc.) o la impunidad para quienes los cometan al verse beneficiados por la disminución de recursos.
CCOO, UGT y AEAFMA quieren hacer hincapié en que la protección del medio ambiente debe radicar en la participación de todas las herramientas y personas de las que disponen los servicios públicos, dentro de un marco de colaboración y coordinación.
