Según ha informado la Institución majorera en un comunicado, esta labor la llevó a cabo Medio Ambiente en colaboración con la Policía Local y la Guardia Civil, en un dispositivo especial de vigilancia contra el marisqueo ilegal, coincidiendo con la llegada de las mareas de mayor durante el mes de agosto.
Así, las cinco personas, cuatro residentes en el municipio de Tuineje y la otra un ciudadano marroquí, fueron denunciadas por estar realizando estas labores.
Los 100 kilogramos fueron incautados en dos actuaciones llevadas a cabo en la costa de barlovento de Costa Calma, en el municipio de Pájara, en las zonas de Agua Liques, Veril Manso y Punta Palomas.
En la primera actuación, realizada el martes 20 de agosto, los agentes de Medio Ambiente incautaron 37 kilos de mejillones, y en la segunda, el jueves 22 de agosto, 63 kilos de este mismo marisco, además de aperos de marisqueo en ambos casos.
Uno de los denunciados, un vecino de Gran Tarajal que responde a las siglas J.M.P.O., lo fue en las dos actuaciones, aunque sus acompañantes no eran los mismos.
Por estas actuaciones, la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Natalia Évora, rechazó que estas actividades se sigan produciendo en el litoral de Fuerteventura teniendo en cuenta que "la prohibición de mariscar mejillones se adopta precisamente como una medida que favorezca la recuperación de la especie".
"La actividad de los furtivos como los que han sido denunciados esta semana perjudican al medio ambiente y aboca el mantenimiento de la veda al marisqueo a una situación de eternidad", sostuvo la consejera.
Estos 100 kilogramos de mejillones se unen a los 120 que la Guardia Civil incautó esta misma semana.
Las sanciones para las personas que realizan el marisqueo ilegal en época de veda están tipificadas en la Ley de Pesca de Canarias y acarrean multas que van desde los 301 a los 60.000 euros.
Además, el Cabildo ha recordado que en caso de atentar un infractor contra una especie en peligro de extinción, como sería el caso de la lapa majorera "Patella candei", los hechos estarían tipificados como infracción muy grave en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, con sanciones establecidas entre los 200.000 y los 2 millones de euros.
