"Es una ley que perjudica a todos, que tenemos derecho a disfrutar de nuestro litoral, y que beneficia a muy pocos, de nuevo los intereses económicos de muy pocos, algunos muy conocidos", ha denunciado la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, en declaraciones a Europa Press.
Dos semanas después de llevar al Tribunal Constitucional la Ley Antodesahucios, los socialistas volverán al alto tribunal y con este texto acumulan ya más de una docena de recursos contra leyes nacionales y autonómicas en esta legislatura.
La Constitución protege el litoral en su artículo 132, que considera bienes de dominio público estatal "los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental".
Sentencia de 1991
Los socialistas tienen en cuenta una sentencia del propio Tribunal de 1991, que estableció que "el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus características fueran destruidas o alteradas". También han estudiado si la norma respeta el reparto de competencias.
Así lo han explicado recientemente los responsables socialistas de Medio Ambiente, el portavoz parlamentario José Luis Ábalos y el responsable en la Ejecutiva Federal, Hugo Morán. Ambos han denunciado que la ley altera la titularidad de la zona de dominio público y, en lugar de preservar sus características, las modifica en función de intereses privados.
El PSOE rechaza que se amplíen 75 años más las concesiones a los propietarios de viviendas situadas en la playa desde antes de 1988 –75 años que se suman a los 30 que en su día les había reconocido transitoriamente la Ley de 1988–.
Y además, considera totalmente arbitraria la lista de 12 municipios "agraciados" que quedan excluidos por ley de la zona de dominio público marítimo terrestre. Se trata del poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
El PSOE critica también que la ley se ponga en marcha sin que se hayan hecho los mapas de riesgos de zonas inundables lo que, a su juicio, deja claro que "han primado los beneficios particulares sobre los riesgos ambientales o los que pueda provocar el cambio climático, que aún el PP sigue negando", según explicó en su día Hugo Morán.
Demanda por los intereses del marido de Cospedal
En opinión de Soraya Rodríguez, la ley sólo beneficia intereses privados "de muy pocos y algunos muy conocidos". Como prueba de ello ha denunciado que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal "utilizó desgraciadamente los servicios jurídicos de la Junta para defender a su marido" cuando se le situó entre los posibles beneficiados por la Ley.
Rodríguez se refería así a la demanda que la Junta de Castilla-La Mancha ha impuesto contra Greenpeace, a la que acusa de vulnerar el derecho al honor de De Cospedal después de que la ONG incluyese a su esposo, Ignacio López del Hierro, entre los potenciales beneficiarios de la ley, por su vinculación con compañías inmobiliarias en las que ha sido o es consejero. De Cospedal ha reclamado una rectificación y una indemnización por daños y perjuicios.
