"Quien contamina paga y repara, sí, pero de las posibles formas de cumplir con la ley, el seguro es el instrumento más eficaz ante el riesgo medioambiental". Esta ha sido una de las principales conclusiones que se desprenden de la jornada sobre la Ley de Responsabilidad Medioambiental celebrada hoy en Bilbao. El encuentro, organizado por la primera firma mundial en consultoría de riesgos y seguros, Marsh, contó con la participación del Director de Riesgos Medioambientales de Marsh, Ramón Canosa, el Director de Marsh Bilbao, Carlos Chapa y de José Antonio Armolea, letrado de IHOBE (organismo perteneciente al Departamento de Medioambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno vasco).
Armolea, que detalló el funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Medioambiental y su aplicación, recordó que la Ley establece el principio de "quien contamina paga" y el de "prevención" con el fin de reparar los daños causados al Medioambiente y evitar que se produzcan.
"Además de obligar a los operadores a adoptar todas las medidas de prevención o evitación necesarias ante una amenaza al Medioambiente, la ley exige a las empresas que cuenten con una garantía financiera (reserva técnica, aval o seguro), no obligatoria hasta 2010, con el fin de asegurar que disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a su responsabilidad", explicó el letrado del IHOBE.
Ramón Canosa, Director de Riesgos Medioambientales de Marsh apuntó que pese a las medidas de control y mitigación, las posibilidades de infringir la Ley de Responsabilidad Medioambiental son muy amplias: contaminación por uso histórico del terreno (balsas, antiguos vertederos), presencia de productos contaminantes desconocidos, errores humanos… "De ahí que el seguro se comporte como una herramienta tremendamente útil frente al riesgo medioambiental: a cambio de una prima, el seguro garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales al tiempo que preserva la cuenta de resultados de pérdidas millonarias", aseguró el especialista de Marsh.
Canosa insistió en que aunque la cobertura no es obligatoria hasta 2010, "hay un abanico de reclamantes, formado por las autoridades competentes, personas físicas afectadas y entidades cualificadas como ONG´s y grupos ecologistas, que ya pueden exigir a las empresas responsabilidades por daños a las aguas, suelos, especies y habitats protegidos".
"El hecho de que la Ley no exija la garantía financiera hasta dentro de 2 años, no significa que las empresas no tengan hoy la obligación de responder económicamente ante sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros y a las que se han de sumar los gastos del proceso de reparación", sentenció Canosa.
En este sentido, Canosa comentó que "A pesar de que el 60 por ciento de las empresas vascas considera que su actividad tiene un impacto significativo en el Medioambiente, sólo un tercio de ellas tiene contratado un seguro específico de Responsabilidad Medioambiental".
"Entre otros factores, esto se debe a, por un lado, el tiempo de adaptación que ha necesitado el mercado asegurador para adaptarse a la Ley y, por otro, al desconocimiento de la legislación medioambiental que admite tener el 40 por ciento del tejido empresarial vasco", comentó Canosa citando datos del último Ecobarómetro Industrial de Euskadi.
