En concreto, el Ejecutivo consideró inadecuado que el real decreto reconociese una indemnización ante un posible cierre a causa de "dolo o negligencia" por parte de la empresa, explicó Sáenz de Santamaría.
"Se entendió que el mismo principio de justicia impide reconocer compensación alguna cuando la extinción deriva de culpa o dolo", por lo que la cláusula de Castor en la que sí se reconocía esta indemnización "sorprendió" a los abogados del Estado "en lo que viene a ser un devenir normal de las concesiones", afirmó.
Sáenz de Santamaría aclaró además que la petición del Gobierno al Supremo de lesividad de la cláusula "no se deriva" de la crisis provocada por los seísmos en la zona del almacenamiento. "Pensamos que la claúsula es lesiva para el interés público y va contra la ley, y entendemos que debe ser anulada", afirmó.
La vicepresidenta explicó que la solicitud de impugnación del real decreto, publicado en mayo de 2008, se presentó "dentro del periodo de cuatro años en el que se puede declarar lesivo".
En concreto, el artículo denunciado es el que indica que, en caso de una extinción de la explotación por dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, la empresa tendría derecho a una indemnización equivalente al valor residual de la instalación.
"La Abogacía del Estado entendió que este reconocimiento de una compensación no tenía base legal ni se ajustaba a los principios regulatorios de la Ley de Hidrocarburos", añadió.
