En declaraciones a los medios al término de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, Ramos ha apuntado que está "muy avanzado" por lo que estará en diciembre o en enero. Una vez se conozca, se teme "otra vez la bronca por pretender ordenar el desorden", aunque ha recordado que un reglamento no puede ir más allá de la ley.
En este sentido, ha augurado que no va a haber muchas sorpresas y ha añadido que a veces en la definición concreta hay expectativas no colmadas, pero ha recordado que las competencias urbanísticas corresponden a los municipios mientras que las de defensa del litoral son estatales y considera que en 1988 el legislador debería haber establecido un régimen transitorio para los municipios que tuvieran en marcha sus planes de ordenación urbana.
Además, Ramos ha defendido que el Gobierno no pretende menoscabar la protección del litoral sino ordenar y aclarar la situación. Por eso, ha asegurado que la ley pone la "foto fija" en 1988, de modo que "sin construir nada nuevo" se ofrece a estos municipios la posibilidad de que se ordenen porque, a su juicio, es "estúpido", seguir pensando que 25 años después esos suelos son rústicos y "seguir manteniendo la ficción de que ahí no hay nada". "Nadie los ha querido tirar, nosotros queremos ordenarlos", ha apostillado.
Asimismo, en respuesta a la pregunta del senador del grupo parlamentario socialista Miguel Fidalgo al número de industrias, instalaciones hoteleras y otras instalaciones que el Gobierno prevé que se beneficiarán de la "rebaja" en la protección con la modificación de la Ley de Costas, el secretario de Estado ha reiterado que la nueva ley no reduce "un ápice" la protección de la costa, sino que se otorga mayor seguridad jurídica a quienes se relacionan con el litoral.
Concretamente, ha defendido que se ha buscado una "solución equilibrada" entre la protección de la costa y la protección de las personas y su patrimonio y ha agregado que con la ley aprobada el pasado mes de mayo se evita el "efecto 2018", es decir, la extinción de las concesiones que sustituyen desde 1988 a la propiedad privada sobre el dominio público.
El secretario de Estado ha dicho que con el nuevo marco se podrán acoger los titulares de estas concesiones a cambio de un canon que justifique la ocupación del dominio público y pasar de 30 años prorrogables a 60 hasta un total de 75 años de concesión, de acuerdo con los plazos que fija la ley general.
Concretamente, ha dicho que esto afecta, "en principio", a 96 hoteles, 211 industrias incluidas, 89 restaurantes y chiringuitos, 1.108 viviendas.
Mientras, las construcciones, edificaciones e instalaciones afectadas por la nueva regulación asciende a 12.800 viviendas ubicadas en el dominio público marítimo terrestre y 140.000 en zona de servidumbre de protección. Al mismo tiempo, ha agregado que hay 3.000 restaurantes y chiringuitos en dominio público marítimo terrestre, algo más de 100 hoteles en dominio público marítimo terrestre y unos 900 en la zona de servidumbre de protección así como 1.700 industrias en el dominio público marítimo terrestre.
Finalmente, sobre el número de núcleos con zonas en tramos que aspiran a ser regulados, ha dicho que "ahora mismo no es posible precisar" el total porque es necesario que lleguen las solicitudes y estudiar caso a caso. En España hay un total de 800 municipios en el litoral.
