Las autoridades comunitarias confirman, tal y como denunciamos en su día las organizaciones ecologistas, que ese catálogo vulnera la legislación europea de protección de la naturaleza. WWF exige la retirada del Catálogo de 2010, redactado por el Gobierno de Canarias a la medida de determinados intereses económicos. La organización también exige que se apruebe un nuevo listado de especies en peligro que cumpla la normativa nacional y comunitaria y siga criterios estrictamente científicos.
Las ONG ambientales Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF presentamos una queja ante la defensora del Pueblo tras la modificación del catálogo de especies amenazadas de Canarias y ahora es la propia Comisión Europea quien presiona a España. La Ley 4/2010 de Canarias, que regula el inventario de flora y fauna en peligro de las islas, también fue rechazada de manera contundente por toda la comunidad científica de Canarias, por organismos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de la que forma parte el propio Gobierno de Canarias, y de ayuntamientos y entidades conservacionistas de la islas.
El nuevo listado supuso de golpe la desprotección de buena parte de la rica biodiversidad canaria: se eliminaron del catálogo anterior 227 especies (más del 50% del total), se redujo el grado de protección a 131 especies y subespecies (100 de las cuales estaban incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas), y se creó una nueva figura de protección para 94 especies, la de “Interés para los ecosistemas canarios”, que ha motivado la advertencia comunitaria.
Esa figura de protección permitía la destrucción de todos los ejemplares y poblaciones de especies protegidas que se encuentren fuera de algún espacio protegido. La trampa legal, que vulnera los principios básicos de la Ley de Biodiversidad española, se concibió con el objetivo claro de desproteger los sebadales (Cymodocea nodosa) un hábitat de interés prioritario para la Unión Europea que impedían la construcción del Puerto de Granadilla, al sur de Tenerife. La Directiva Hábitats de la UE, una legislación de obligado cumplimiento, garantiza la conservación de las especies amenazadas en todos los estados miembros por encima de intereses locales, regionales o nacionales.
La aprobación del nuevo listado permitió el desarrollo de infraestructuras o proyectos con impacto sobre hábitats y especies protegidos por la normativa comunitaria. WWF reclama que se evalúe el daño sobre las especies desprotegidas, y que el Gobierno de Canarias asegure que se restauran a su estado original.
Canarias ya tiene un importante historial de vulneración de las leyes europeas de protección de la naturaleza: en 2011 España fue sancionada por incumplimiento de la Directiva Hábitats en Canarias, pues no se aprobaron ni en tiempo ni en forma los planes de gestión para los espacios de la Red Natura 2000 de las islas, los de la llamada “región macaronésica”. Los planes de gestión que aprobó posteriormente Canarias no cumplían las exigencias de la normativa europea. La pasada semana, la UE también dio una advertencia final a España para que cumpla la sentencia o bien iniciará el proceso de ejecución de la misma, lo que implica una sanción económica.
