Por ese motivo, han convocado una rueda de prensa hoy, 26 de noviembre en Pamplona para dar a conocer las medidas legales que van a iniciar para frenar el desarrollo de estas explotaciones en zonas protegidas. Además, SEO/BirdLife y la Coordinadora Monte Alduide mostrarán las cartas de apoyo que organizaciones de todos los países de Europa han dirigido al Gobierno navarro solicitando que frene.
Un buen número de sociedades científicas y organizaciones conservacionistas, englobadas en BirdLife Internacional y que representan a más de tres millones de activistas han dirigido cartas a la presidenta del Gobierno de Navarra haciéndole ver que la pertenencia a la UE lleva consigo un buen número de ventajas pero también las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos en la defensa, buena gestión y conservación de los territorios protegidos que quedan bajo su jurisdicción y que cobijan a un buen número de hábitats prioritarios y especies en peligro de extinción, únicas en Europa.
SEO/BirdLife mantiene abierto un contencioso por el que pone en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra la aprobación de un proyecto minero promovido por la Empresa Magnesitas de Navarra en la Zona de Especial Conservación Monte Alduide (Zilbeti, valle de Erro) que acaba de recibir de la Confederación Hidrográfica del Ebro autorizaciones que incluyen tales restricciones ambientales que hacen inviable la puesta en marcha de la explotación. Ante estas circunstancias, el Ejecutivo navarro, lejos de adoptar una posición de reflexiva prudencia entra en una huida hacia adelante aprobando el inicio de los sondeos de investigación minera como antesala al inicio de una mina de sílice a cielo abierto en Mendiaundi (Aurizberri – Espinal, Erro) dentro de la misma Zona de Especial Conservación Monte Alduide.
Es por ello que SEO/BirdLife y la Coordinadora Monte Alduide, animadas por las organizaciones englobadas en BirdLife Internacional, han elevado una queja a la Comisión europea denunciando la reiterada violación de las Directivas, de obligado cumplimiento, que conforman el acervo normativo que protege los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
