El proyecto de ley se enfrenta a la oposición de Ecologistas en Acción, de otros muchos grupos ambientales, de comunidades autónomas y del propio Consejo de Estado, que ve indicios de inconstitucionalidad.
La posibilidad de urbanizar y edificar dentro de los parques ya existentes, la navegación turística en Monfragüe, el vuelo sin motor en Guadarrama. Se trata de "toda una serie de excepciones a la carta que se incluyen en el proyecto de ley para fomentar actividades turísticas y económicas en beneficio de la rentabilidad particular y en perjuicio de los parques nacionales como figura de máxima protección", explica Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. En lugar de asegurar su conservación, se incorporan actividades de negocio de alto impacto.
El Proyecto de Ley reconoce a los "titulares de derechos" (como propietarios de fincas, gestores de cotos de caza…) más capacidad de influir que al resto de la sociedad. No regula el control de poblaciones, de forma que se podrá seguir practicando la caza de forma camuflada. También elimina la necesidad de elaborar los PORN (Planes de Ordenación de los Recursos Naturales) y concede al Ministerio de Defensa la potestad de realizar informes vinculantes que serán decisivos a la hora de declarar nuevos parques y su trazado.
El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de la Ley de Parques Nacionales pese a la oposición generalizada. Esta semana se conoció el dictamen contrario del Consejo de Estado, que estima que la totalidad de la ley debería reconsiderarse para asegurar la coherencia del nuevo modelo con la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Ecologistas en Acción considera que diversas disposiciones pueden ser declaradas inconstitucionales, como ha expresado el Consejo de Estado, lo que es más que probable que se presenten varios recursos a la ley una vez aprobada. Tras varios años será nuevamente el Tribunal Constitucional quien tenga que decidir la regulación de los parques nacionales, con los graves riesgos que ello supone.
Existe el peligro añadido de que se incorporen nuevas actividades y excepciones durante la tramitación parlamentaria, atendiendo a las presiones de diferentes grupos.
