Las perforaciones que grandes empresas mineras o aquellos no tan pequeños mineros artesanales e ilegales le han hecho al páramo de Santurbán (Santander), llevaron a que el Ministerio de Ambiente corriera los límites de la zona protegida, pasando de 11.700 a 42 mil hectáreas.
La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento afirmó que las mineras multinacionales en la zona de Soto Norte (Santander) tendrán que tomar decisiones, pues muchos de los títulos mineros adquiridos por dichas compañías están dentro de la línea del páramo. El problema es grande, pues se estimaba que el 81,2 por ciento de las 11.700 hectáreas están en áreas de 28 títulos mineros.
Desde hace algunos meses, cuando el Ministerio anunció que se cambiarían los límites del páramo, las empresas frenaron sus trabajos, aumentaron los despidos y se disparó el oficio artesanal. Alegando que se afectaba la economía de la región, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, le había enviado en septiembre de 2013 una carta al presidente Juan Manuel Santos pidiéndole que redujera los límites.
Aguilar aseguraba en la misiva que se estaba "exponiendo a la comunidad a un estado de incertidumbre y desestabilización de la economía". Petición que, dijo en su momento Brigitte Baptiste, directora del Instituto von Humboldt a El Espectador, se salía "de todos los procedimientos", pues el Gobernador pedía que los límites del páramo coincidieran con los del Parque Natural Regional Santurbán, para lo que Baptiste dijo: "Santurbán es muy extenso y gran parte de sus ecosistemas quedaron por fuera del Parque".
Sobre los problemas que traerían a la población los nuevos límites, la ministra Sarmiento aseguró que "el principal acuerdo es que no habrá desplazamiento de gente y lo que queremos es darle mayor seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. En este tema el Ministerio de Agricultura se sentará con los Alcaldes de la zona y los actores rurales para desarrollar proyectos de reconversión productiva, vivienda rural y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Páramo".
Sarmiento también afirmó que los nuevos linderos no regirán inmediatamente, sino que pasarán tres meses antes de que entre en vigencia.
Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Agricultura, anunció que el Gobierno realizará mesas de trabajo con las autoridades regionales para implementar una política pública para que haya un ajuste a las realidades de cada sector: "Apoyaremos programas de reconversión, proyectos productivos, mejoramiento de vivienda, se realizará un estudio sobre tenencia de tierras y se firmará un "pacto agrario" en la región".
Por la protección del agua
Para tomar la decisión, el Ministerio buscó la asesoría del Instituto Alexander Von Humbolt. Se argumentó que el motivo del ensanchamiento del área fue el cuidado del agua y la vida de más de dos millones de personas que se surten del mineral que nace en Santurbán.
De Santurbán baja el agua que abastece a cerca de 48 municipios. Además, Brigitte Baptiste destacó para el programa Colombiva del MinAmbiente que "cada páramo contiene un patrimonio genético único(…) Tiene una especie de plantas, de animales, de microorganismos que se han ido adaptando a las particulares condiciones de frío y de cambio extremo de temperatura entre el día y la noche que, digamos, es lo típico que definiría este ambiente de alta montaña ecuatorial".
La polémica
Sin embargo la decisión, como se esperaba, no es del todo popular. El secretario de Planeación de la Gobernación de Santander, Sergio Isnardo Muñoz, le dijo a Colprensa que "tanto ella (la Ministra) como nosotros sabemos que no podemos acabar de un plumazo con la economía de esa región y mucho menos generar vulnerabilidad en la zona".
Hernán Linares, gerente para Colombia de Eco Oro, una de las multinacionales mineras que está en la zona, dijo que esperaba que la línea de páramo no pasara por las zonas de interés productivo, "pues ahí se verían implicados muchos de nuestros proyectos prioritarios. Pero si es así, muy pocas salidas tenemos", para lo que aseguró que tendrían que acudir "a instancias legales para recuperar la inversión; hasta ahora la compañía había invertido US$240 millones y empleado a más de 400 personas, de las cuales solo quedan 75, sería muy lamentable tener que ir a tribunales, lo que perjudicaría al Gobierno y sus finanzas".
Por su parte el representante del Sindicato de Trabajadores Mineros de Soto Norte, Freddy Gamboa, también le dijo a Colprensa que si las "cosas son como dijo la Ministra, la situación se va a poner aún más preocupante. La minería ilegal se va a tomar esta zona. Lo que está pasando desde hace meses en nuestras tierras ya es alarmante y nadie dice o hace nada".
Gamboa dijo que de ser necesario conformarán un movimiento, "porque no vamos a dejar que nos condenen a la pobreza, el sustento de nuestras familias y la historia minera de esta zona no está en juego".
De la decisión del Ministerio todavía no se conocen las consecuencias, mientras unos celebran que se conservarán los recursos hídricos y se piensa en el futuro, otros dicen que no se pensó en el presente.
