Dos leyes de este gobierno, la Ley de Tasas, que suponía un coste inasumible para las ONG ambientales, y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa que obligaba a los magistrados a imponer las costas a las ONG, hacían prohibitivo que las ONG ambientales volvieran a acudir a los tribunales. Ante esta situación la única oportunidad era que las asociaciones medioambientales pudieran acogerse a la justicia gratuita. Sin embargo, el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno no contemplaba esta posibilidad.
Por ello, el anuncio del ministro Ruiz-Gallardón por el que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales es valorado muy positivamente por las ONG ecologistas. Sin embargo, llaman a la prudencia hasta que se conozcan las enmiendas que finalmente propondrá el grupo popular.
No obstante, las ONG ecologistas quieren aclarar que el acceso a la justicia en materia ambiental es un derecho consolidado desde la ratificación del Convenio de Aarhus por parte de España y de la Unión Europea que se veía vulnerado por la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Reino Unido por ser la justicia en materia ambiental demasiado onerosa para los recurrentes y demasiado imprevisible. Con este anuncio del ministro se restablece un derecho que siempre debieron tener las asociaciones ambientales.
Además las ONG ecologistas exigen que se eliminen las desorbitadas cauciones que se imponen por determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental, tal y como obliga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hay que recordar que las asociaciones medioambientales son entidades sin ánimo de lucro que dedican todos sus recursos para defender un bien colectivo que es el medio ambiente.
