Para las ONG de defensa ambiental se trata de un acto injustificable, que pone en grave riesgo tanto al medio ambiente como a la principal actividad económica de las islas.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF manifiestan que las exploraciones marinas en busca de petróleo suponen reforzar el actual modelo energético dependiente de los combustibles fósiles, un modelo insostenible que está creando gran cantidad de problemas ligados al cambio climático. Y precisamente cuando todos los informes científicos apuntan a que la única forma de limitar los negativos efectos del cambio climático es dejar bajo tierra la mayor parte de las reservas, el Ministerio toma esta decisión que abre la puerta a graves impactos, vertidos, daños a las poblaciones de cetáceos, a la actividad turística en la que se basa la economía canaria, etc.
Efectivamente, las exploraciones suponen una fortísima afección sobre la fauna marina protegida (cetáceos, tortugas) y sobre los recursos pesqueros. Pero también da lugar a graves riesgos de vertidos por las explotaciones petrolíferas a gran profundidad, como ya han puesto en evidencia trágicos y catastróficos sucesos como el del Golfo de Méjico y la plataforma Deep Water Horizon.
Resulta chocante que esta decisión tan impopular se tome justo ahora, una vez pasadas las elecciones al Parlamento Europeo. Pero para las organizaciones ambientales resulta aún más injustificable el hecho de que no se haya esperado a la próxima sentencia del Tribunal Supremo. Efectivamente, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo había fijado para el 10 de junio la votación y fallo de los siete recursos interpuesto por Administraciones públicas Canarias, así como organizaciones ecologistas y movimientos sociales, contra las autorizaciones del Gobierno de España a las multinacionales Repsol, RWE y Woodside para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
Las organizaciones ecologistas quieren dejar claro que el Estudio de Impacto Ambiental ha estado lleno de irregularidades y que ni siquiera se había concluido todo el procedimiento administrativo, ya que había documentos que aún estaban sometidos a información pública. Por eso denuncian que las prisas por sacar ahora la DIA puedan ser una forma de presionar al Supremo sobre el sentido de su decisión.
Por otro lado, la rapidez para aprobar estas prospecciones contrasta llamativamente con el retraso que ha sufrido la declaración de la zona de la Red Natura 2000 que linda con los terrenos a prospectar (“Espacio marítimo del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura”), que ha sido manifiestamente demorada en su tramitación a pesar de sus grandes valores ambientales, mientras que se aprobaban las 9 zonas marinas restantes.
También es obvio que esta decisión ministerial se toma en contra de la mayor parte de la población de las Islas Canarias, que se ha mostrado contundente y clara en su oposición firme a estas explotaciones que, lejos de suponerles beneficios, serán un estigma y una espada de Damocles sobre su principal actividad económica, el turismo.
Las organizaciones ambientales reiteran su rotundo rechazo a esta declaración de impacto ambiental, y afirman que tratarán de impedir por todos los medios legales posibles la realización de las prospecciones, recurriendo a todas las instancias europeas y estatales.
