La reforma energética fue aprobada mediante engaños, falacias y manipulaciones, coincidieron en señalar Francisco Pérez Vega, José Antonio Almazán, Manuel Bartlett y Javier Jiménez Espriú durante el foro La reforma constitucional y las leyes secundarias en el sector energético, organizado por Casa Lamm y La Jornada.
Jiménez Espriú, colaborador de este diario, manifestó que si bien no se privatizarán Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su conjunto, “el sector energético sí va a privatizarse y con él las reservas de hidrocarburos y el mercado eléctrico”.
Añadió: “Las leyes no establecen límites en las licencias de contratos ni en el porcentaje de la renta petrolera. Tampoco en el tiempo. Se podrá dar el caso de que los contratistas se lleven la mayor parte del crudo en detrimento de la población”.
Destacó: “Se trata de auténticas puñaladas en la yugular petrolera. Se adelantó la decisión de la Ronda Cero para avanzar los contratos de los privados”. Añadió: “¿Enrique Peña Nieto podría firmar ante notario, como acostumbra, que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos?”
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante exposición sobre la Reforma Energética.
Por su parte, la ingeniera Silvia Ramos realizó una presentación digital titulada El impacto de las leyes secundarias en materia energética. Expresó “que pocas veces el futuro del país estuvo en peligro, como en el episodio en que México perdió más de la mitad de su territorio, y ahora, nuevamente, por la promulgación de la reforma energética”.
Enfatizó que “el petróleo del subsuelo sí será de los mexicanos, pero cuando salga de la tierra será de los contratistas. Esto es lo que permite la reforma promulgada por el gobierno de Peña Nieto”.
Aseveró que Pemex seguirá pagando impuestos, que representan 4.7 por ciento del producto interno bruto, y declaró que “las actividades de explotación y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de las superficie del subsuelo”.
Aseguró que cuando el precio del barril sea menor a 60 dólares, la regalía será de 5 por ciento. Apuntó que la nueva Ley de Pemex permite que los miembros del consejo de administración sean extranjeros.
En su momento, José Antonio Almazán señaló que lo que viene en breve es “privatizar los fondos de seguridad social, y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿vamos a bajar la guardia? Somos mayoría, el descontento social es mayoritario, y lo que nos hace falta es organizarnos, luchar por nuestros derechos”.
Aclaró: “La modificación energética es una contrareforma, porque afecta principios de la Constitución y el proyecto de nación. Hicieron lo equivalente para restablecer una monarquía en el país”.
El senador del Partido del Trabajo Manuel Bartlett, quien fue el encargado de cerrar la ponencia, dijo que “la reforma es un injerto para regresar a la época anterior a la expropiación petrolera”. “Subrayó que la “perversión de la modificación establece que la energía es un rubro estratégico, pero ahora ya no quedará en manos del Estado”, sino de las empresas extranjeras.
Por la tarde, Jiménez Espriu, Antonio Gershenson y Jaime Cárdenas Gracia participaron en una mesa de discusión sobre la reforma, en la cual coincidieron en que ésta representa un agravio contra la soberanía y el patrimonio de los mexicanos.
En el acto, organizado por Redes Universitarias, que se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jiménez Espriú dijo que el gobierno federal ha insistido en que no se privatizan Pemex ni la CFE, pero no dice nada de que en realidad lo que se privatiza son ambos sectores: el de hidrocarburos y el de la electricidad.
Señaló que con las modificaciones habrá una sobrexplotación de las reservas, se socavarán los derechos de ejidatarios e indígenas y se someterá al país a conflictos legales que tendrán que ser resueltos en instancias internacionales. No hay precauciones para el medio ambiente, se reducirán los ingresos de la nación y se afectará la soberanía.
Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien ha sido parte de varias legislaturas federales, indicó que las leyes reglamentarias en la materia violan varios tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT.
Antonio Gershenson aseveró que con la aprobación de la reforma los que están en favor de la apertura han vencido, pero no convencido. Por ello, los especialistas se manifestaron por que la ciudadanía demande la aplicación de una consulta popular sobre el tema y que sea vinculante, con el objetivo de revertir esa reforma, la cual lesiona los intereses del país.
