Ante la previsible aprobación de hoy, día 20 de noviembre, en el Congreso de los Diputados de la polémica Ley de Parques Nacionales las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF demandan al gobierno la retirada de una ley que debilita la conservación de estos espacios, aporta mayor confusión en su gestión y se pliega a las exigencias de los intereses privados en lugar de primar el interés general.
Las organizaciones ecologistas, que desde un primer momento advirtieron del riesgo que suponía reformar una ley que fue fruto del consenso y del acuerdo general tras numerosos pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional, consideran inaceptable y una irresponsabilidad que la ley que regula la principal figura de la conservación de un país esté sometida nuevamente al conflicto y la falta de consenso. Con la reforma de Ley de Parques Nacionales, el Gobierno ha optado por un enfrentamiento que solo perjudica a estos espacios protegidos, tal como se evidenció en el Senado días atrás cuando todos los grupos políticos votaron en contra, dejando sólo al Partido Popular.
En opinión de las organizaciones ecologistas, con esta reforma de la Ley de Parques Nacionales:
- Se prima el interés particular sobre el interés general en unos espacios cuya conservación está declarada de interés general de la nación. Por primera vez, en los casi cien años de historia de los parques nacionales se antepone nítidamente el interés particular al colectivo, y el objetivo de protección de la naturaleza se supedita a las demandas de sectores concretos.
- El texto que se pliega claramente a los intereses particulares de grupos de presión e intereses económicos, como demostró el Partido Popular al aprobar la semana pasada en solitario en el Senado la escandalosa enmienda 278 hecha al dictado de poderosos propietarios de fincas privadas en el Parque Nacional de Cabañeros, lo que permitirá mantener cotos privados de caza encubiertos para el disfrute exclusivo de unos pocos en este y en otros parques nacionales financiados por todos los ciudadanos.
- Se rompe la homogeneidad y la coherencia de los parques nacionales: lejos de ser una ley armonizadora, es una ley que incluye excepciones a la carta en parques nacionales, como Monfragüe, Sierra de Guadarrama o Cabañeros, debilitando la figura de conservación que suponen los parques nacionales.
- No se soluciona el problema de la falta de capacidad de coordinación de la Administración central. A pesar de que este era el objetivo inicialmente anunciado por el Gobierno para reformar esta ley, las referencias del texto propuesto a esa capacidad son meramente estéticas y no incorporan ningún elemento efectivo para desarrollar acciones comunes, programas de Red, o actuaciones coordinadas que justifiquen la reforma de la ley actual.
- Se abre la puerta a la confusión: el texto de la ley es confuso en muchos aspectos y queda abierto a distintas interpretaciones y lecturas, habilitando para hacer en cada caso lo que se quiera, puesto que en diversos aspectos parece permitir una cosa y la contraria. Un ejemplo de ello es que se prohíba la caza en general, pero se siga permitiendo durante seis años.
Por todo ello, las organizaciones ecologistas creen que con la aprobación de esta ley el Gobierno culmina el proceso de reforma a la baja de las normas ambientales y debilita la credibilidad de nuestros Parques Nacionales, un símbolo que ha inspirado las políticas de conservación de los diversos gobiernos estatales a lo largo de un siglo y, por tanto, piden al Gobierno una vez más que reconsidere su decisión y retire este texto definitivamente.
