Tras las denuncias de organizaciones ecologistas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha propuesto sancionar como infracción muy grave las obras de la ampliación de la casa que se llevaron a cabo sin autorización dentro de la Finca Cabañeros, en el interior del Parque Nacional. Estas obras han sido calificadas por el MAGRAMA como una infracción muy grave y se aprueba sancionar con 200.001 euros de multa a Inmobiliaria Del Bullaque S.A. La clasificación como infracción muy grave que se propone en el expediente sancionador es la que propusieron SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF España cuando estas entidades denunciaron, en noviembre de 2014, las obras ilegales que se estaban llevando a cabo en la Finca Cabañeros.
Las ONG denunciantes se muestran en parte satisfechas, ya que los responsables del Ministerio han dado la razón a las entidades ecologistas, pero sin embargo hay algunos puntos en el expediente abierto en los que a juicio de estas organizaciones es necesario responder con mayor severidad y contundencia, especialmente en lo relativo a la cuantía de las sanciones.
Pese a la gravedad de los hechos, consistentes en la reforma más allá de lo autorizado de una vivienda existente, así como de la creación de nuevas infraestructuras, para la que no contaban con autorización expresa de las autoridades del Parque Nacional, la sanción que se propone imponer es la de menor cuantía prevista en la ley para un tipo de infracción clasificada como una “muy grave”. Este tipo de infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta dos millones de euros. Sin embargo, Inmobiliaria Del Bullaque, S.A., empresa imputada en el expediente, se enfrenta únicamente a una sanción de 200.001, el mínimo posible para una infracción muy grave.
Para las organizaciones denunciantes, unos hechos de estas características, consistentes en la realización de unas obras ilegales sin licencia en el interior de un Parque Nacional deben ser merecedores de la más alta sanción que la ley prevea, sean quienes sean los promotores o responsables. Por este motivo, como parte personada, SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción han solicitado que la sanción que se imponga sea de, al menos, 1 millón de euros.
Por último, las organizaciones ecologistas siguen a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha ofrezca información sobre las medidas que va a tomar respecto a otro de los hechos denunciados, las obras realizadas que afectaron a una vía pecuaria, asunto de competencia autonómica.
