El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha acordado el inicio del proceso sancionador de la Operación SPARROW, una vez finalizado el análisis y clasificación de los más de tres mil documentos recopilados durante el desarrollo de dicha operación. La Operación SPARROW, que no tiene precedentes a nivel internacional, se ha llevado a cabo gracias a la reforma de la Ley de Pesca Marítima del Estado, aprobada en diciembre de 2014.
Durante los meses de abril y mayo, los servicios de control e inspección de la Secretaría General de Pesca han analizado, ordenado y clasificado los más de tres mil documentos recopilados en la sede de varias empresas domiciliadas en Galicia, bajo autorización judicial.
De esta forma, en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se imputa la presunta explotación de cuatro buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA), así como el desarrollo de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras relacionadas con su actividad. Se trata de los barcos KUNLUN, SONGHUA, YONGDING Y TIANTAI.
En este contexto, el Ministerio de Agricultura imputa a varias empresas por la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura imputa a varios ciudadanos españoles la presunta realización de actividades comerciales y financieras directamente relacionadas con la actividad de los citados buques ilegales, como responsables de las mencionadas sociedades pantalla.
En total, el Ministerio imputa diecinueve infracciones muy graves, de carácter continuado, a la Ley de Pesca Marítima del Estado, que son sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
El Reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prohíbe expresamente dichas actividades a los nacionales de los Estados miembros, por lo que la responsabilidad recaería sobre las empresas o ciudadanos españoles que, presuntamente, las realizaban a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza.
TRIPULANTES ESPAÑOLES
Al mismo tiempo, el Ministerio va a proceder de manera inminente a abrir expedientes sancionadores a cincuenta tripulantes españoles por su enrolamiento en dichos barcos durante los últimos años, en contra de la prohibición expresa del reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como por no comunicar a la Secretaría General de Pesca el enrolamiento en puestos de mando en buques abanderados por un tercer país.
Asimismo, ante los indicios sobre la presunta comisión de múltiples infracciones por ejercer la actividad pesquera sin licencia o la captura de especies sin autorización en aguas internacionales, el Ministerio de Agricultura procederá a poner en conocimiento de los Estados de pabellón, competentes para sancionar dichas infracciones, los presuntos hechos infractores.
Para evitar la impunidad de los buques que operan bajo banderas de conveniencia, y en caso de que en el plazo de tres meses desde la comunicación oficial de España, que marca la normativa nacional, no exista respuesta o no se haya iniciado alguna actuación, el Ministerio de Agricultura iniciará los correspondientes expedientes sancionadores para depurar responsabilidades oportunas.
De igual forma, la información recabada en la Operación SPARROW relativa a las redes de distribución de las capturas ilegales a través de empresas domiciliadas en terceros países, se va a poner en conocimiento de las autoridades de dichos países, para que adopten las medidas oportunas para poner fin a dichas redes de distribución.
Además, los servicios jurídicos del Ministerio de Agricultura estudian las posibles acciones legales para hacer frente a aquellas empresas que han prestado servicios o apoyo a las actividades de los citados buques ilegales, como pueden ser el suministro de combustible, pertrechos u otros materiales de apoyo, o la prestación de servicios financieros o el aseguramiento de los buques y las cargas.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
El Ministerio de Agricultura quiere agradecer la estrecha colaboración prestada por algunos países desde el comienzo de las actuaciones, en particular Nueva Zelanda y Australia, con quienes se ha estado en permanente contacto.
Destacar también la constante colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como la de la red de Embajadas españolas, que han realizado gestiones esenciales sobre el terreno.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura expresa la imperiosa necesidad de avanzar en el proceso de ratificación del acuerdo de FAO sobre Medidas del Estado de Puerto para luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, lo que sería altamente beneficioso en la lucha contra esta perniciosa práctica.
Las actuaciones impulsadas por el Ministerio, junto con la colaboración internacional y el apoyo de la sociedad civil, demuestran que un alto compromiso político, acompañado de las herramientas jurídicas adecuadas, alcanzan resultados concretos nunca obtenidos hasta el momento.
De cara al futuro, España seguirá actuando con determinación para evitar la entrada en el mercado comunitario de productos de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como para acabar con la impunidad de los operadores ilegales, dentro del firme compromiso del Ministerio de Agricultura en defensa de la sostenibilidad del sector pesquero español. Por lo tanto, el Ministerio seguirá trabajando para evitar la competencia desleal y el riesgo para los recursos pesqueros que supone la pesca ilegal, así como para sumar al mayor número posible de países a estos objetivos.
