La Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza en Valladolid (ACENVA) y WWF felicitan a la Junta de Castilla y León por el reciente cierre del coto de caza de La Pedraja del Portillo (Valladolid) ante los reiterados casos de envenenamiento allí producidos. Sin embargo, también piden que se apruebe con urgencia el Plan de Acción regional de lucha contra el veneno.
El 3 de junio se publicó la resolución de la Dirección General del Medio Natural, por la que se suspende el aprovechamiento cinegético de caza menor en el Coto Privado de Caza VA-10.105, de la localidad de La Pedraja de Portillo, en la provincia de Valladolid. Esta suspensión se produce por la reiterada muerte de fauna envenenada, desde al año 2009. En concreto, un milano real en noviembre de 2009; tres milanos reales, dos zorros y una corneja en marzo de 2010; un milano real en febrero de 2012; un milano real y un zorro en marzo de 2014; un milano real y una corneja en febrero de 2015; y otro milano real en marzo de 2015.
ACENVA y WWF ESPAÑA felicitan a la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León por la resolución de la suspensión del coto de caza. Pero también recuerdan que son necesarias más medidas de este tipo en otras zonas de la provincia de Valladolid y en el resto de la región, donde también se está envenenando a especies en peligro, como el milano real, el águila imperial ibérica, el buitre negro o el alimoche, entre otras numerosas especies.
Además, es necesario el desarrollo inmediato de un conjunto de medidas de prevención y de investigación del uso ilegal de cebos envenenados. En este sentido, las organizaciones ven urgente la aprobación del Plan de Acción para la Lucha contra el uso ilegal del veneno contra la fauna silvestre en Castilla y León, cuyo borrador data de marzo 2013. Este Plan debería asegurar recursos imprescindibles para hacer frente con mayor eficacia al problema.
Por último, recuerdan que el uso de cebos envenenados está estrictamente prohibido por la legislación autonómica, nacional y europea. Asimismo subrayan que la Ley de caza de Castilla y León establece sanciones económicas que pueden llegar hasta los 78.000 euros e inhabilitación para la práctica de la caza hasta 5 años. Además, está tipificado también como delito en el Código Penal, pudiendo alcanzar penas de hasta 24 meses de cárcel y fuertes multas.