El Govern balear ha dado hoy el primer paso para abordar la problemática de la pobreza energética estableciendo líneas de trabajo coordinado entre las diferentes consejerías implicadas e incorporando a las entidades sociales, las ONG y las propias empresas eléctricas en la investigación de soluciones para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los directores generales de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard; de Consumo, Francesc Josep Dalmau; de Política Industrial, Pedro Jiménez; de Planificación y Servicios Sociales, Andreu Horrach, junto con el director general de Coordinación del Gobierno, Josep Claverol, han mantenido hoy la primera reunión de coordinación y han acordado la creación de la Mesa de la Pobreza Energética en la que confluirán las propuestas y las sugerencias de todas las partes implicadas para poder articular políticas efectivas que den respuesta a la situación de necesidad que viven muchas personas en las Islas.
De hecho, después de la reunión, los directores han afirmado que uno de los primeros trabajos es poner en común las informaciones de que dispone cada consejería con el fin de poder tener una radiografía detallada de la situación de pobreza energética en las Islas y definir el programa de actuación.
Uno de los principales objetivos que se marca el Gobierno para luchar contra la pobreza energética es conseguir que las compañías eléctricas, en función de su responsabilidad social y su amplio margen de ganancias, acepten poner en marcha fórmulas de pago flexibles o incluso exenciones para las personas que se encuentren actualmente en situación de pobreza energética.
En la actualidad —aparte de las ayudas que determinadas ONG facilitan a las personas en situación de vulnerabilidad—, existe un convenio de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) con una de las compañías, al que están adheridos hasta 23 ayuntamientos que asumen el pago de los recibos que no se pueden pagar por parte de los ciudadanos a su compañía.
El Gobierno considera necesario un marco global que dé cobertura a todos los ciudadanos de las Islas que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad, independientemente del municipio en el que vivan.
En este sentido, los directores han adelantado que el Gobierno se esforzará para convencer a las compañías eléctricas de que la realidad social les obliga también a asumir y tomar medidas, aunque tengan un coste económico para ellas, para afrontar las situaciones de dificultad en que se ven muchas personas. Las compañías —ha recordado el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard— “están obligadas a informar a los usuarios de la tarifa más beneficiosa para ellos… Tenemos que comprobar que se está haciendo así”.
El director general de consumo, Francesc Josep Dalmau, ha informado de que el incremento de la factura eléctrica ha supuesto que las economías domésticas se vean ahora obligadas a destinar más del doble de sus ingresos que en 2007 para pagar la luz y el gas. “La luz se ha incrementado en un 76 % y el gas en un 35 % desde 2007”. “En 2007 se destinaba un 7 % de los ingresos y ahora, un 15 %”, ha afirmado.
Dalmau ha advertido que, en el tema de la pobreza energética, no se pueden dejar de tener en cuenta, por su gravedad, los efectos que puede causar en la salud de las personas. Así, ha apuntado que la imposibilidad de tener el hogar a una temperatura adecuada puede tener consecuencias para la salud de ciertos grupos como las personas mayores, los niños o los enfermos crónicos y las personas con determinadas discapacidades.
“El incremento de las tasas de mortalidad durante el invierno es posiblemente el efecto sobre la salud más conocido de la pobreza energética. Una vivienda con temperaturas por debajo de los niveles recomendados está relacionada con un riesgo más elevado de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, ha indicado Dalmau.
La Dirección General de Consumo y la de Industria reciben anualmente más de 1.300 reclamaciones relacionadas con el consumo energético.
