El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Juta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado que la Consejería extremará la vigilancia, en el marco de sus competencias, para que los impactos ambientales generados en los recintos mineros sean mínimos en el exterior de los mismos, de manera que Andalucía pueda contar con una minería sostenible y segura desde el punto de vista ambiental, que cree empleo y riqueza a los habitantes de la zona.
Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha explicado que Andalucía cuenta con una normativa ambiental muy estricta, que incluso ha provocado que una de las empresas que se presentó al concurso internacional para explotar la mina de Aznalcóllar se retirara por las fuertes exigencias de la legislación andaluza en esta materia.
Tras recordar que la Consejería que dirige vela dentro del recinto minero por el cumplimiento de las autorizaciones ambientales cuando estas se han tramitado y otorgado, José Fiscal ha puntualizado que el impacto ambiental “es algo que está regulado en la normativa”.
No obstante, la autoridad minera se encargará de vigilar con carácter general para que los impactos que pudiera ocasionar esta actividad no tengan repercusión en el exterior del recinto minero.
También ha asegurado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como autoridad ambiental en Andalucía, pone todos sus esfuerzos en el control y vigilancia para que no se produzcan impactos ambientales fuera de la zona estipulada para desarrollar la actividad minera.
Respecto al agua, las principales labores se dirigieron a encauzar las de contacto y remanentes de la antigua balsa de lodos a la corta de Aznalcóllar, controlando siempre el nivel para que no se sobrepara la cota de seguridad establecida.
En el caso de la planta depuradora existente, esta se ocupa de tratar las aguas ácidas contenidas en la corta y balsas de regulación de la zona industrial.
Además, ha explicado que tanto el vertido realizado al cauce público tras la depuración como el vertido a la corta cuentan con la autorización de la entidad competente en dominio público hidráulico en la zona donde se ubica la explotación, es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que también tiene competencias tanto en la imposición de los condicionantes y límites de vertido como en la vigilancia y control de la calidad de las aguas de los cauces públicos, en su ámbito de actuación.
En esta línea, el titular de Medio Ambiente ha destacado que desde que se paralizó la actividad de la mina, los vertidos a cauce público han sido los procedentes de la depuradora que recibe las aguas de todo el recinto que son derivadas a la corta, siempre y cuando sea necesario para mantener la cota de seguridad, una actividad que no ha sido precisa realizarla desde la nueva imposición de dicha cota.
Respecto al complejo minero Cobre Las Cruces, l ha informado que en la actualidad está en funcionamiento con todas las autorizaciones ambientales necesarias para ello.
- Así, en 2002 se emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para todo el complejo – integrado básicamente por la mina y sus instalaciones y por la planta hidrometalúrgica- , incluyendo también el sistema de Drenaje y Reinyección al Acuífero Nieblas-Posadas.
- Además, en 2005 se concedió la Autorización Ambiental Integrada a la planta hidrometalúrgica e instalaciones asociadas, entrando dentro del alcance de esta, la instalación de almacenamiento de residuos mineros de la Planta de Tratamiento y sus balsas, así como las autorizaciones de vertido al Domino Público Hidráulico y Dominio Público Marítimo Terrestre.
Por último, ha aclarado que los impactos ambientales derivados del funcionamiento de la misma son controlados en un primer momento por la propia empresa y vigilados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía, cada una dentro de sus competencias.
