El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha abogado por una gestión del agua sostenible, eficiente e igualitaria en la inauguración de la I Jornada sobre Medidas de Acción Social en el Sector del Agua celebrada en Sevilla. Un encuentro organizado por la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA-Andalucía), en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
La jornada se centra en el análisis de estrategias que permitan garantizar el suministro de agua a familias sin recursos económicos y detectar posibles ejes conjuntos de actuación entre los distintos agentes implicados. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, y el presidente de ASA-Andalucía, Pedro Rodríguez.
En su intervención, el consejero ha recordado que una de las primeras medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno en 2016 ha sido la Ley de Servicios Sociales, que persigue blindar las coberturas básicas en esta materia de las familias más desfavorecidas.
Fiscal ha reiterado que el Gobierno andaluz considera la gestión pública de los recursos hidrícos como la mejor opción para velar por la cohesión y el bienestar social. A su juicio, “no es justo que el abastecimiento del agua dispares su valor y se convierta en una causa de exclusión social y desigualdad entre los ciudadanos”.
Por todo ello, ha explicado que la labor de la Junta de Andalucía en materia de aguas se sustenta en este recurso como generadores de derechos, en su titularidad pública y en la necesidad de transparencia, participación y concienciación de la población. El responsable de Medio Ambiente también ha recalcado el esfuerzo inversor que realiza la Consejería, que cuenta con una dotación presupuestaria para 2016 en política de agua de casi 266 millones de euros.
Fiscal ha profundizado en la vertiente más social de la Ley de Aguas de Andalucía. Una norma que, según el consejero, “ha sido y será un revulsivo para la modernización de la gestión del recurso, para la generación de riqueza, así como un avance sin precedentes en la recuperación de sus costes”. No obstante, ha aclarado que en relación a esta última cuestión, la Ley persigue un uso eficiente del agua, no tiene carácter recaudatorio, de ahí que el año pasado se suprimiera definitivamente la penalización a las viviendas que no dispusieran de contador individual.
Además, se ha referido a la reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un decreto para crear nuevos Órganos Colegiados y de Participación en materia de aguas. Una medida que fomenta la coordinación de las administraciones, la participación de los usuarios, gestores, técnicos, expertos y organizaciones sociales, sindicales y empresariales en la planificación de los recursos hídricos. “La transparencia será el eje del desarrollo de la acción pública en este campo”, ha abundado.
Por último, el consejero ha explicado que, resueltos los principales problemas de abastecimiento, la Junta continúa realizando un gran esfuerzo para completar el mapa de saneamiento y depuración, en auxilio de los municipios que son quienes ostentan estas competencias.
Por ello, ha destacado la necesidad de buscar nuevas fórmulas de cooperación los ayuntamientos, las diputaciones y otros entes supramunicipales para avanzar en la puesta en servicio de las depuradoras. Fiscal ha recalcado, en este sentido, la cooperación con las empresas del sector a las que ha calificado de referentes en tecnologías de abastecimiento, depuración, así como investigación, impulso de I+D+i, desalación o regadío, entre otros muchas actividades.
