La fábrica de pasta de papel ubicada en Lourizán, en plena ría de Pontevedra, y que gestiona la empresa ENCE tenía fecha de cierre: 2018.
Terminarían así 60 años de actividad en terrenos de dominio público marítimo-terrestre que han dejado tras de sí un importante impacto ambiental en la zona, que aloja uno de los bancos marisqueros más ricos de toda Galicia.
Además, ha contribuido a incorporar al paisaje gallego -y al del resto de la cornisa cantábrica- distintas especies de eucalipto cuya gestión comienza a ser más que problemática. El impacto sobre el medio derivado de la proliferación de este tipo de árboles, empleados en la fabricación de papel, es ya un hecho. Así lo constatan los compañeros de SEO/BirdLife Cantabria.
Sin embargo, en 2018 no se abrirá ninguna puerta para recuperar la biodiversidad en la zona. El Gobierno, en funciones, ha dado luz verde a que se amplíe la prórroga a la papelera.
Para que todo siga igual. Al menos, hasta 2073.
Hagamos un repaso.
Los orígenes
Quedó fijado en 1988: las concesiones para industrias en el dominio público marítimo-terrestre expirarían a los 30 años. Por imperativo constitucional, estaban destinadas a desaparecer.
¿Por qué 30 años? A la ley le acompañaba un minucioso estudio económico que estimaba que este plazo era lo suficientemente amplio como para amortizar la mayoría de las inversiones producidas.
¿Y cabía prórroga? Sí, de otros 30 años pero solo para industrias no contaminantes ni peligrosas.
Con la ley en la mano, ENCE debería cerrar sus puertas en 2018. No era esperable que se pudiese alegar su condición de no peligrosa y, aunque así fuera, la segunda prórroga debería expirar en 2048.
El nuevo siglo
Con varios pesos pesados vinculados al PP en el Consejo de Administración de ENCE, llega la primera condena a su dirección por delito ecológico. Es noviembre de 2002 y la dicta la Audiencia de Pontevedra. Se recurre. El caso se dilata durante 10 años.
En 2005, la Dirección de Puertos del Estado trata de convertir los terrenos que ocupa la papelera en portuarios ¿Para qué? Así podría prorrogar la concesión de forma automática. La Asociación Pola Defensa da Ria (ADPR) presenta alegaciones y el intento queda paralizado.
Nuevas leyes
En la década siguiente, dos nuevas leyes afectan de lleno al futuro de la papelera.
La primera es la Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2011 por el Gobierno socialista. El texto fue objeto de una enmienda -que ni siquiera fue leída cuando se votó- por la que las refinerías enclavadas en la costa podían ver prorrogadas sus concesiones por el mismo tiempo en que hubiese sido concedida la original. ENCE se preguntaba, probablemente molesta: ¿por qué unas empresas sí y otras no?
Con este panorama sobre la mesa de la dirección de la empresa, llega en 2013 la nueva Ley de Costas promovida por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy y parecen acabarse los problemas: Se abre la posibilidad de una prórroga de la concesión de hasta 75 años. En noviembre de ese mismo año, la empresa la solicita formalmente.
A pesar de sobresaltos, todo sigue igual
Hacia la concesión
LaAudiencia Nacional ordena al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) la apertura del procedimiento de caducidad de la concesión, como consecuencia de un pleito instado por la ADPR. Es mayo de 2014.
Todo sigue igual.
De hecho, ENCE presenta –el 17 de junio de 2015- su programa de actuaciones en materia de eficacia energética, ahorro de agua y calidad ambiental. El paso necesario –según la nueva Ley de Costas- para lograr la ansiada prórroga.
Sin embargo, tan solo nueve días después de presentar este informe, a ENCE se le comunica una Orden Ministerial que declara la caducidad parcial de la concesión. El Gobierno da así cumplimiento a la orden de la Audiencia Nacional.
Pero todo sigue igual.
El 10 de noviembre de 2015, la Xunta –tan beligerante contra la prórroga- emite un informe indicando qué falta: la autorización ambiental integrada.
El 1 de diciembre, las condiciones y prescripciones diseñadas por el Magrama se someten a la consideración de ENCE., que las acepta solo tres días después.
En enero se concede la prórroga.
