Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que amplía el catálogo de especies invasoras, la ONG ambientales de carácter estatal Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ríos con Vida y WWF exigen a las administraciones públicas que aborden con urgencia y responsabilidad las dos cuestiones que abre el fallo judicial: la conservación del medio ambiente y la protección del empleo en las zonas afectadas.
Solo se podrá articular una solución adecuada a este problema, agravado durante años por la desidia de las autoridades, si éstas ejecutan de forma correcta el fallo judicial y activan sin dilación un proceso de reconversión que proteja todos los puestos de empleo afectados.
Así lo transmitieron las ONG a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en una reciente reunión en la que reclamaron medidas que permitan a las comunidades autónomas aplicar la sentencia asegurando la plena protección del empleo.
Las organizaciones ambientales recuerdan que, desde hace décadas, existen evidencias científicas que alertan sobre los efectos perniciosos de las especies invasoras para la biodiversidad. Es el principal problema en términos de conservación en los medios insulares y el segundo, después de la destrucción de hábitats, en medios terrestres. A estas consecuencias ambientales, se añaden serios problemas sociales y económicos derivados de su presencia. Se calcula que en la Unión Europea generan unos costes en torno a los 12.000 millones de euros anuales.
De todos estos problemas son conscientes tanto el Gobierno central como los Ejecutivos autonómicos y, sin embargo, poco o nada han hecho para abordarlos, lo cual –a juicio de las ONG– ha supuesto importantes pérdidas de biodiversidad y también el desamparo de diversos colectivos cuyo medio de vida dependía de alguna manera de las especies perjudicadas. Hacia ellos, las seis organizaciones muestran también su solidaridad.
Con su sentencia, el Alto Tribunal, que apoya su decisión en informes de entidades científicas como el CSIC, pone fin al largo proceso iniciado cuando el Ejecutivo central modificó el Real Decreto de 2011 sobre especies exóticas. Para las ONG, la sentencia avala sin lugar a dudas el carácter invasor de todas las especies catalogadas y deja claro que el remiendo de leyes no ha aportado una resolución adecuada ni lo hará en el futuro.
En estos años, las distintas administraciones han tenido la oportunidad de poner en marcha medidas para afrontar los efectos perniciosos de la presencia y expansión de especies invasoras conciliando la necesaria protección de los puestos de trabajo. Muchas de estas administraciones mantienen costosos programas de reintroducción de especies autóctonas en peligro de extinción cuya principal amenaza es la presencia de invasoras con las que compiten. Es el caso, por ejemplo, del cangrejo de río autóctono
Sin embargo, las autoridades han optado por dar la espalda a ambos problemas. Y su inacción y pasividad, en muchos casos, ha propiciado e incluso fomentado la introducción, la explotación y la creación de negocios y entramados económicos alrededor de estas especies. Las organizaciones ambientales también rechazan las descalificaciones y amenazas vertidas contra científicos independientes por parte de determinados sectores afectados por la sentencia y solo por cumplir con su obligación de alertar y denunciar ante los tribunales el impacto de las especies invasoras.
Además, se han aprobado excepciones ad hoc en la legislación ambiental a sabiendas del carácter invasor e impacto de dichas especies sobre la naturaleza, la salud humana y la economía de nuestro país, a las cuales las ONG ecologistas se opusieron desde un primer momento, advirtiendo en numerosas ocasiones al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de su inadecuación e imposible encaje legal, tal y como ha confirmado ahora el Alto Tribunal.
Para las entidades ambientales no se puede perder ni un minuto más: las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad y cumplir con su deber de velar por el cumplimiento estricto de la ley y atender los derechos constitucionales a vivir en un medio saludable y a un empleo de calidad. El problema de las especies invasoras demuestra, una vez más, que el desarrollo económico sostenible solo es posible si se compatibiliza con la conservación de la biodiversidad.
