Incendios forestales
El impacto de los grandes incendios forestales aumenta cada año: en 2015 fueron el doble de grandes que la media de la última década. A pesar de esta realidad, a las administraciones les falta aún identificar de manera coherente las zonas de alto riesgo de incendio en un 86% de la superficie forestal española, un desconocimiento que invalida cualquier medida efectiva de prevención del fuego.
Los incendios siguen dejando cada año una herida profunda en muchas comarcas españolas. El abandono de los montes, sumado a los efectos del cambio climático, nos está condenando a sufrir incendios cada vez más grandes, destructivos e imposibles de controlar por los servicios de extinción: solo en 2015 la superficie media afectada en cada gran incendio forestal (GIF), donde arden 500 hectáreas o más, fue un 48% mayor que en la media del decenio.
El impacto de los GIF crece, pero no todas las zonas son igual de vulnerables. Las comunidades autónomas tienen la obligación legal de conocer con detalle las zonas más probables en las que una simple chispa puede acabar en desastre. Sin embargo, en el 86% de los bosques falta esta identificación. Para Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España: “Es inaceptable que en el 86% de la superficie forestal española no se hayan declarado de forma coherente las zonas de alto riesgo de incendio. Las administraciones central y autonómica deben catalogar antes de final de año estas áreas y saber en qué condiciones se encuentran para poder elaborar planes específicos de prevención que reduzcan su vulnerabilidad”.
Esta necesidad es especialmente urgente en comunidades en las que los GIF queman entre el 76 y el 95% de la superficie total incendiada, como Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.
El informe presentado ayer en Madrid por WWF, “Dónde arden nuestros bosques. Análisis y soluciones de WWF”, señala que las administraciones deben incrementar las partidas presupuestarias destinadas a prevención. Lejos de este enfoque, de media más del 80% de las inversiones se reservan a la extinción, frente a apenas un 20% destinado a prevención. Estas políticas de prevención deben mejorar la calidad de los bosques y promover la gestión forestal, creando las condiciones adecuadas para recuperar los usos y aprovechamientos de los montes de manera sostenible.
Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) recientemente aprobados suponen una ocasión para revertir el modelo y apostar por bosques más resistentes a las llamas, en vez de priorizar las acciones de apoyo a la extinción. Sin embargo, y a modo de ejemplo, el 73% de la inversión del Programa Nacional de Desarrollo Rural destinada por el Ministerio de Medio Ambiente a medidas forestales se dedica a apoyo a la extinción.
