Inicio de una nueva era
El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto "marca el comienzo de una nueva era en la lucha contra la pesca ilegal", pero es necesario actuar con rapidez para garantizar que su implementación sea efectiva, aseguró hoy el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, en un evento centrado en el primer tratado internacional en el mundo dirigido específicamente a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).
"La FAO está trabajando para aportar ayuda inmediata a los países que más la necesitan", declaró Graziano da Silva.
Explicó que la aplicación del Acuerdo (conocido por sus siglas en inglés de PSMA, Port State Measures Agreement) puede resultar difícil para algunas naciones -especialmente aquellas en desarrollo y los pequeños Estados insulares- debido a la falta de recursos y capacidad.
El PSMA se hizo jurídicamente vinculante el mes pasado y cuenta ya con la adhesión de más de 30 países, así como de la Unión Europea en nombre de sus 28 Estados miembros. Hay más países que han iniciado el proceso de adhesión.
El Acuerdo tiene un artículo que requiere de forma explícita a las partes firmantes y a las organizaciones internacionales aportar asistencia y financiación. La República de Corea ya ha confirmado que hará una contribución financiera, iniciativa que será seguida también por otros países, según Graziano da Silva.
La FAO ha establecido un Programa interregional de Cooperación Técnica y un Programa Marco de desarrollo de capacidad mundial para apoyar los aspectos logísticos, legislativos y jurídicos que supone llevar el acuerdo a la práctica.
El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, promovido por la FAO desde 2009, exige que los buques extranjeros se sometan a inspecciones en cualquier puerto de escala y que los Estados portuarios compartan información sobre las infracciones. Se trata de una mejora en relación a normas anteriores, que requerían a los países controlar las actividades de sus propias flotas pesqueras. El nuevo Acuerdo pretende elevar las costes de la pesca INDNR, ya que impide que el pescado capturado indebidamente puedan desembarcarse y entrar en los mercados.
