Reactivar la gestión de residuos de construcción y demolición
La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural trabaja en una revisión de la política en materia de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y apostará por reactivar la gestión de estos como una actividad industrial que se considera necesaria. En palabras de la consellera Elena Cebrián, "la gestión ordenada, transparente y eficiente de residuos, como estamos impulsando desde la Conselleria, representa más una fuente de oportunidades que una fuente de limitaciones", ya que "con unas políticas correctas, se puede convertir en un yacimiento de actividad económica y empleo".
Así lo ha manifestado la consellera en su última sesión parlamentaria, el pasado jueves 27 de octubre, en respuesta a una interpelación en Les Corts Valencianes. En definitiva, se trata de implicar al sector de la construcción en la recuperación de materiales. "Este es un ámbito en el que la economía circular puede aportar soluciones y oportunidades", ha señalado Cebrián.
Para ello, se requiere un marco normativo nuevo y propio, adaptado al Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (que a su vez va a sufrir una modificación que ya está en trámite desde la Dirección General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental) y a los objetivos del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR). Este establece que antes de 2020 el 70% de los residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán ser destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización. El PEMAR también avala la aplicación de una nueva fiscalidad que reconozca el esfuerzo realizado por la colaboración positiva en materia de gestión de residuos.
Una cuestión primordial para la Conselleria es la información, la vigilancia y el control sobre el cumplimiento de la legalidad. Se ha detectado un funcionamiento deficiente de algunas instalaciones de gestión de RCDs y la situación de vertederos incontrolados, en los que en muchas ocasiones también se vertían o enterraban RCDs. A esto se unen las instalaciones actualmente paralizadas por concurso de acreedores de las propietarias. Una coyuntura provocada en gran parte por la falta de control y de apoyo público por parte de la anterior administración autonómica.
El programa de inspecciones para velar por el cumplimiento de requisitos técnicos de las instalaciones de tratamiento es una tarea compleja que requiere de un capital humano del que no se dispone actualmente. Es necesario, por tanto, ampliar la plantilla del servicio de inspección ambiental.
Otra línea de actuación contempla la planificación y construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de RCDs de ámbito comarcal. Por ello, se va a elaborar un plan autonómico de comarcalización de los sistemas de gestión de RCDs, que promueva la construcción de plantas de tratamiento y de transferencia, para minimizar el transporte de estos residuos.
Además, se pretende redactar un modelo de ordenanza municipal para lograr una regulación y control efectivos de los flujos de RCDs a través de las licencias municipales de obra, así como un modelo oficial para los proyectos de gestión de residuos, que promueva la demolición selectiva y la separación en origen en obras y reformas.
