Uno de cada cuatro espacios españoles que se declararon Lugar de Interés Comunitario para incorporarse a la red europea Natura 2000 carece del plan de gestión que exige la UE para definir las medidas que se deben adoptar para asegurar el buen estado de conservación de esos espacios.
España, el país europeo que más superficie aporta a esa red (222.142 kilómetros cuadrados), suma un total de 1.466 Lugares de Interés Comunitario, de los cuales 1.071 (el 73 por ciento) cuentan ya con ese plan de gestión y han sido por lo tanto reconocidos y declarados como "Zona de Especial Conservación".
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a los que ha tenido acceso Efe, el proceso de aprobación de los planes de gestión es muy desigual en las comunidades autónomas.
Nueve de ellas (Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, el País Vasco y Melilla) ya han aprobado los planes de gestión del cien por cien de sus espacios naturales incluidos en la red Natura 2000 y éstos han pasado a ser declarados como Zonas de Especial Conservación.
Frente a ellas, la comunidad de Cantabria no ha aprobado todavía el plan de gestión para ninguno de sus 21 espacios propuestos como Lugares de Interés Comunitario, y tampoco han sido aprobados esos planes para los dos espacios naturales de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Además de éstas, las comunidades autónomas en las que la aprobación de esos planes de gestión avanza más despacio son Murcia (sólo se han aprobado el 20 por ciento de sus planes), Aragón (sólo cuentan con plan de gestión el 25 por ciento de los espacios) y la Comunidad Valenciana (el 33,33 por ciento).
La red Natura 2000, el principal instrumento de conservación de la biodiversidad de la UE, se sustenta sobre dos directivas comunitarias; la de Aves ampara la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la de Hábitats regula los Lugares de Interés Comunitario y su posterior declaración, cuando se aprueban los planes de gestión, como Zonas de Especial Conservación.
Con ese armazón legal, la Unión Europea pretende asegurar la conservación de los hábitats y las especies más amenazados de Europa y frenar la pérdida de biodiversidad en el continente, pero insiste en que esos espacios no deben limitar el desarrollo económico de los lugares que la integran, sino asegurar un uso sostenible de los recursos naturales.
Incide además esa red en que muchos de esos ecosistemas (las dehesas, los arrozales, los prados, los embalses o las explotaciones agrarias) están muy intervenidos por el hombre y en que su estado de conservación dependerá en gran medida de que se mantengan las actividades tradicionales.
En 2015, la Comisión Europea advirtió a España por la "deficiente gestión" que estaba haciendo de los espacios incluidos en Natura 2000, debido al retraso acumulado en la declaración de las Zonas de Especial Conservación y en la aprobación de los correspondientes planes de gestión de cada uno de ellos.
Ese mismo año, el Gobierno, en una respuesta dirigida por escrito al Congreso, observó que la Administración General del Estado sólo puede actuar sobre los Lugares de Importancia Comunitaria que están situados en el mar y que las competencias corresponden en la mayoría de los casos a las comunidades autónomas, y estimó que todos los planes de gestión de los espacios incluidos en Natura 2000 estarían concluidos en 2016.
A punto de finalizar el año, los datos actualizados del Ministerio ponen de relieve que el 73 por ciento de los 1.466 Lugares de Interés Comunitario ya cuentan con plan de gestión y han sido declarados como Zona de Especial Conservación, pero todavía están pendientes esos planes para 395 espacios naturales.
