Ultimátum al Reino Unido por contaminación excesiva
El Reino Unido es uno de los cincos países que sistemáticamente figura entre los cinco peores de los 28 por los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), causados sobre todo por las emisiones de los vehículos diésel.
Londres tardó sólo cinco días en superar los límites máximos de NO2 para todo el 2017. Por ley, la concentración de dióxido de nitrógeno no puede superar los 200 microgramos por metro cúbico más de 18 veces a lo largo de 12 meses en ningún punto de la ciudad. En Brixton Road, al sur del Támesis, ese techo de concentración horaria se rompió en la primera semana de enero.
Oxford Street, Kings Road y The Strand son otros de los puntos "negros" de la capital británica, que planea poner en marcha en el 2020 una zona de "emisiones ultrabajas" e introducir el próximo año un "peaje de combustión" -a añadir al actual "peaje de congestión"- para bloquear el acceso de los coches más contaminantes al centro de la ciudad.
Se estima que la contaminación se cobra 9.500 muertes prematuras en la capital británica y hasta 40.000 en todo el país. Más de 300 médicos han lanzado esta semana la iniciativa Doctores contra el diésel, para alerta sobre los efectos del tráfico rodado en las ciudades, y especialmente sobre la población infantil.
"No es exagerado decir que estamos ante una auténtica crisis de salud pública", ha alertado la doctora Penny Woods, al frente de la Fundación Británica de Enfermedades del Pulmón. "Necesitamos una nueva Ley de Aire Limpio, similar a que la acabó con el smog en Londres hace 60 años, dirigida esta vez a prevenir el acceso a las ciudades de los vehículos más contaminantes".
Los médicos y las asociaciones ecologista han expresado el temor a que el Brexit sirva para relajar los límites y bajar la guardia en la lucha contra la contaminación en las ciudades británicas, cuya situación ha sido también denunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"El ultimátum de la Unión Europea nos recuerda la gravedad de la situación", ha advertido James Thornton, de la asociación Client Earth, que llevó al Gobierno británico a los tribunales por el incumplimiento de sus propia legislación. "Nuestra victoria legal supone que el Gobierno tiene que elaborar un plan para limpiar el aire de nuestras ciudades antes del 24 de abril".
