Impuesto al sol
José Donoso, director general de Unión Fotovoltaica Española, explicó a los medios que acudieron ayer a la exposición del Informe Anual del sector que UNEF no ha llegado a ver las facturas que demostrarían que podría haber consumidores a los que ya les habrían cobrado en su recibo el “impuesto al sol” y que, por tanto, no han podido confirmar las informaciones que les han llegado de que esto está ocurriendo. De momento, desde la Asociación están intentando recabar datos, para lo que se han puesto en contacto con los organismos pertinentes.
Por su parte, Piet Holtrop, abogado especializado en energías renovables y fundador de Holtrop SLP Transaction & Business Law, nos ha ratificado que sí, que le consta que el “impuesto al sol” se ha empezado a cobrar y que parece ser que se trata sobre todo de instalaciones de autoconsumo de explotaciones agrícolas en la zona de LLeida. En cualquier caso, recuerda que esta tasa no es aplicable a la mayoría de las instalaciones, que son áquellas cuya potencia contratada es inferior o igual a 10 kW y que están eximidas de este cargo según el RD 900/2015.
Piet Holtrop, también abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, nos ha insistido que el cobro de este cargo es una actividad irregular desde el punto de vista del derecho, y por lo tanto impugnable, ya que primero es necesario que se apruebe un Procedimiento de Operación que defina y regule cómo se tiene que recaudar. Aunque otras fuentes nos han dicho que hay cargos establecidos transitorios hasta que se apruebe.
Impuesto al sol
A fecha de hoy hay en España un total de 16 MW de autoconsumo fotovoltaico registrados, más de 396 instalaciones en total, que producen 25,6 GWh (0,01%). El 14% de estas instalaciones funcionan, además, con soluciones de almacenamiento, según afirmó ayer Donoso en su encuentro con los periodistas.
El director general de UNEF señaló que el autoconsumo en nuestro país “va creciendo poco a poco a pesar de las barreras administrativas y económicas“. Unas barreras que sobre todo son administrativas, insistió. Y es que tal y como explicó la falta de criterios homogéneos a nivel nacional para realizar la tramitación administrativa de este tipo de instalaciones está causando problemas a la hora de ponerlas en marcha.
Tanto es así, que anunció que desde UNEF han propuesto al Gobierno una serie de directrices “para que todo el mundo sepa qué tramitación administrativa hay que seguir y qué condiciones tienen que exigir las distribuidoras“.
A estos megavatios habría que añadir los que no han tramitado su registro, que no tiene porque deberse, a juicio de Donoso, a razones de “desobediencia civil” sino a que también está habiendo problemas para llevar a cabo los trámites para registrarse. Donoso afirmó que no tienen constancia de multas.
Además, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que calificó de anticonstitucional el artículo del RD 900/2015 que establecía que el autoconsumo no se puede compartir ha provocado, entre otras cosas, que el registro pase ahora a ser competencia de las Comunidades Autónomas, que todavía no han tenido tiempo de adaptarse a esta nueva realidad.
