Europa intenta proteger el sistema de comercio de derechos de emisiones debido al Brexit
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (donde están representados los Gobiernos de los 28 y la Comisión) cerraron el miércoles un acuerdo sobre las emisiones contaminantes del sector de la aviación. Pero en el pacto político se incluyó una enmienda que pretende proteger todo el sistema de comercio de derechos de emisiones europeo, el más antiguo y grande del mundo, de un "Brexit duro".
Este sistema arrancó en 2005 y cubre aproximadamente el 45% de todo el CO2 que genera la actividad humana en la Unión Europea. El régimen se basa en que alrededor de 11.000 instalaciones de la UE (fundamentalmente las centrales eléctricas e industrias) que emiten este gas de efecto invernadero deben pagar por cada tonelada de CO2 que expulsan en su actividad.
Pero los Gobiernos europeos -preocupados por una hipotética pérdida de competitividad de sus industrias al competir con países en los que no existe esa obligación- acordaron también disponer de asignaciones gratuitas. Y a determinadas industrias, como las cementeras, cada año se les asignan derechos gratuitos de emisión. Como se trata de un mercado, luego se puede comerciar con esos derechos.
La preocupación sobre cómo afectará el Brexit al sistema partió del Parlamento Europeo, que en septiembre instó a que se retocara la directiva de 2003 por la que se instauró el régimen ETS para protegerlo en el caso de que el Reino Unido se salga de este mercado. El principal riesgo es que los derechos asignados a empresas británicas (que ya no deberían utilizar si en marzo de 2019 el Reino Unido se fuera también del sistema) acabaran inundando el mercado y supusieran, además, un beneficio económico para esas compañías.
"En el caso de que fracasen las negociaciones sobre el acuerdo del Brexit, la industria británica no debería tener una ventaja indebida y sus competidores europeos no deberían tener una desventaja indebida", escribía en septiembre el diputado popular Peter Liese, uno de los europarlamentarios que han apadrinado la cláusula aprobada.
Reuters, citando fuentes de la Asociación de Comercio Internacional de Emisiones, habla de un escenario en el que alrededor de 220 millones de permisos emitidos por el Reino Unido pueden acabar en el mercado europeo entre el 1 de enero de 2018 y el 29 de marzo de 2019, fecha en la que Londres tiene previsto activar el Brexit. Si esos derechos se vendieran al precio actual -que ronda los siete euros por tonelada- supondría un beneficio de 1.540 millones de euros.
Sin embargo, el efecto más preocupante sería inundar de derechos un mercado en el que ya hay sobreoferta, es decir, en el que hay más derechos de emisión que emisiones reales, lo que hace que el precio de la tonelada no suba. Al estar el coste de la tonelada de CO2 bajo, el sistema ETS no cumple su función, que es la de disuadir a las empresas de utilizar las tecnologías más contaminantes.
