Cada año más de 400.000 personas mueren de forma prematura en la Unión Europea debido a problemas vinculados a la contaminación del aire y millones más sufren problemas respiratorios y cardiovasculares. Pese a las continuas advertencias, en 23 de los 28 Estados miembros siguen superándose los límites de calidad del aire y más de una docena de países se enfrentan a procedimientos de infracción por sus reiterados incumplimientos. Para intentar reconducir la situación Bruselas ha convocado este martes a nueve países y entre los malos alumnos llamados al orden figura España.
A tenor del ultimátum lanzado hace unos días por el comisario de medio ambiente, Karmenu Vella, a la Comisión Europea se le ha acabado la paciencia. O estos nueve malos estudiantes -República checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, España y Reino Unido- toman medidas para cumplir con la legislación medioambiental de la Unión Europea o habrá “consecuencias legales” porque esta es la última oportunidad que tienen de demostrar que están dispuestos a tomar medidas.
“Esta es la última etapa de un periodo muy largo en el que les hemos ofrecido ayuda y asesoramiento y les hemos advertido”, avisaba hace unos días el comisario maltés. En Bruselas siguen dispuestos a dar un último empujón pero si esta vez no obtienen resultados el siguiente paso será una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Reunión ministerial en Bruselas
Los representantes de los nueve países convocados están citados a primera hora del martes a una reunión ministerial que tendrá lugar en el edificio Charlemagne, una de las sede de la Comisión Europea. En nombre de España, según ha explicado la ministra de agricultura y medio ambiente, Isabel García Tejerina, asistirá la secretaria de Estado de Medioambiente, María García.
“La calidad del aire en España mejora, no empeora…. Los problemas son problemas muy focales, muy localizados en zonas que afectan a un porcentaje de población muy importante, fundamentalmente en las grandes ciudades”, alegaba este lunes desde Bruselas García Tejerina. El Gobierno admite que hay “aspectos que mejorar” pero también recalca que España está en mejor situación que antes y que son los ayuntamientos los principales responsables. “El Gobierno ha aprobado recientemente un segundo plan (…) para ayudar a los ayuntamientos que son en gran medida responsables de la calidad del aire”, asegura.
20.000 millones, coste de la inacción
Según las cifras que maneja la Comisión Europea, la mala calidad del aire les cuesta cada año a los países de la Unión Europea más de 20.000 millones de euros debido al aumento de los costes médicos y al descenso de la productividad laboral. Un problema “grave” que es necesario abordar “con urgencia” y que ha desencadenado una larga lista de procedimientos de infracción. La legislación actual sobre la calidad del aire establece limites a los contaminantes a los que pueden exponerse a los ciudadanos pero el grueso de los Estados miembros siguen incumpliendo y en 23 de los 28 países de la UE se rebasan los límites lo que afecta a más de 130 ciudades. Este es el caso de España que suponer los límites en relación a las emisiones de dióxido de nitrógeno y también en relación a las partículas PM10.
