Los grupos conservacionistas que denunciaron a la Junta de Castilla y León por el empleo «indiscriminado» de sustancias tóxicas para combatir la plaga de topillos consideran fundamental que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, a pesar de no darles la razón, reconozca que el uso de estos productos causó daños a la fauna vertebrada.
El colectivo integrado por la Asociación de Naturalistas Palentinos, Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico hace hincapié en un comunicado en la necesidad de realizar una lectura «detenida» de la sentencia, ya que a pesar de ser favorable a la Junta, consideran que tiene aspectos importantes.
Así, indicaron que la Audiencia reconoce que con la actuación de la Administración Autonómica «otros animales se vieron afectados por el tratamiento suministrado» y también que «el tratamiento se podría haber efectuado, quizá con un coste mayor, de otras formas que hubiesen podido producir un menor impacto medioambiental».
Además, señala que se reconoce que la Administración se vio en la tesitura de actuar para evitar daños a los cultivos y la salud pública o no hacer nada, sentenciando finalmente a favor de la administración regional.
En opinión de los grupos conservacionistas, pese a la insatisfacción que produce no haber visto atendida su reclamación, es «fundamental» el hecho de que se reconozca de forma clara en ineludible la existencia de daños sobre la fauna vertebrada.
«La Administración ha conseguido inclinar la balanza a su favor alegando graves daños contra los cultivos de no haber actuado, pero lo cierto es que los datos aportados por la propia administración dicen precisamente todo lo contrario», indican.
CICLOS.
Además, añadieron que hay otra parte fundamental en este asunto que «lamentablemente» no se ha tenido en cuenta en la sentencia como es la propia dinámica de estos ciclos demográficos de roedores, «sobradamente estudiada en Europa», que se repiten cada tres o cinco años y que, tras varios meses de máximos poblacionales, finalmente se colapsan de forma natural.
A juicio de los conservacionistas, por razones obviamente políticas, la Junta de Castilla y León ha decidido actuar «sin ningún criterio técnico, siguiendo las exigencias de los sindicatos agrícolas» que exigieron la adopción de medidas como el empleo de veneno, la quema de los restos de cultivos o la limpieza de cunetas, medidas que consideran «a todas luces muy graves en lo que a conservación del medio natural se refiere y cuya ineficiencia para el control de los topillos ha quedado sobradamente demostrada».
Como ejemplo pusieron el caso de la Reserva Natural de Villafáfila (Zamora), un espacio natural donde no se empleó ninguna de estas técnicas, pero donde los topillos desaparecieron de forma simultánea a lo acontecido en los municipios próximos, donde allí si se llevaron a cabo estas prácticas.
En este sentido, invitaron a la Junta a comparar los datos de producción en este Espacio Natural y en los pueblos limítrofes, que son «idénticos», lo que demuestra que las medidas utilizadas no han servido para nada, «bueno, para algo sí, para diezmar de forma dramática otras especies vertebradas», indicaron.
Por otra parte, los grupos conservacionistas criticaron el «ocultismo» de la Administración regional en dar a conocer los daños colaterales que otras especies no diana han sufrido con los tratamientos aplicados.
«Se está tratando de ocultar la práctica desaparición de liebres en toda la comarca de Tierra de Campos, atribuyendo a un brote de tularemia -que sí ha existido al igual que otros años- la desaparición de las mismas», indicaron los conservacionistas, que añadieron que los datos indican que el número de personas afectadas durante este último brote es todavía «inferior» a episodios precedentes, aunque es obvio que la población de liebres ha desaparecido totalmente en muchos municipios.
