Seis asociaciones ecologistas solicitaron ayer a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid medidas urgentes para trasladar las siete instalaciones de áridos –graveras y plantas de tratamiento– situadas a lo largo de río Jarama, «que causan graves daños ambientales sobre espacios de alto valor ambiental en zonas donde esta prohibida esta actividad».
Las asociaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y la Plataforma Salvemos el Henares indicaron que la normativa del Parque Regional del Sureste establece que desde febrero de 2004 debería haber cesado la actividad de las explotaciones de áridos –graveras y plantas de tratamiento– en las zonas más sensibles el Parque Regional del Sureste.
Sin embargo, denuncian que siguen funcionando a día de hoy las instalaciones de Peñalver en San Fernando de Henares (ocupa zona B de Reserva Natural), Tramsa en Arganda del Rey (zona B de Reserva Natural), Aripresa en Rivas-Vaciamadrid (zona A de Reserva Integral), Maresa en San Martín de la Vega (zona B de Reserva Natural), Ampliación Aricusa (zona B de Reserva Natural), Gravera del Jarama (zona A de Reserva Integral) y Gravera de los Ángeles, las tres en Ciempozuelos (zona B de Reserva Natural).
RETRASO DEL PLAN RECTOR DEL PARQUE DEL SURESTE
Desde hace dos años, las asociaciones ecologistas del ámbito del Parque Regional del Sureste han solicitado en varias ocasiones la retirada de estas explotaciones de las zonas incompatibles.
«A pesar de tratarse de una exigencia legal, la Consejería ni siquiera ha contestado a estas demandas. De esta forma, viene tolerando la actividad minera en las zonas más sensibles y de mayor valor natural del Parque del Sureste. El resultado es la ocupación de las zonas inmediatas a los cauces, vertidos de lodos al río Jarama, destrucción del bosque de ribera y afección a la fauna y a parajes de alto valor ambiental, todo ello dentro de un espacio protegido», señalaron los ecologistas.
Por otro lado, criticaron el retraso de nueve años que acumula la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional, documento que debe regular los usos en el espacio protegido.
Por otro ello, las asociaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y la Plataforma Salvemos el Henares instaron a la Consejería de Medio Ambiente el cese de actividad de estas explotaciones y solicitaron para ello que incluya en los presupuestos de la Comunidad de Madrid partidas para sufragar los gastos de eliminación o traslado de estas instalaciones. Estos colectivos prevén la realización de medidas judiciales contra los responsables del departamento que dirige Ana Isabel Mariño en caso de que no se dé una solución a esta «escandalosa» vulneración de la legislación ambiental.
