Los responsables de Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han celebrado el nombramiento de Teresa Ribera por la sensibilidad y conocimiento medioambiental que ha demostrado durante los últimos años, pero han insistido en que tiene capacidad ejecutiva y ahora es el momento de demostrar “la valentía que le presuponemos”.
Entre las medidas que proponen destacan el establecimiento de un calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón en 2025 y su sustitución por renovables, una Ley de Cambio Climático con objetivos ambiciosos o la prohibición de las prospecciones petrolíferas (en mar y en tierra) y la fractura hidráulica (fracking). Los dirigentes ecologistas han advertido de la “crisis ecológica” que vive el planeta y del momento “clave” para afrontar las principales amenazas: el cambio climático, el deterioro de la biodiversidad y la pérdida de especies y de espacios de extraordinario valor.
Transición ecológica
Tras advertir de esas amenazas y retos medioambientales, los responsables de las principales organizaciones ecologistas han insistido en que es un momento “clave” para adoptar decisiones relacionadas con el cambio climático, la gestión del agua y la biodiversidad, el modelo energético europeo o la política agraria, y han reclamado al Gobierno español que se sitúe en el grupo de países europeos que apuestan por los objetivos más ambiciosos. El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha opinado que las políticas ambientales han estado “dormidas” durante los últimos años y ha reclamado al nuevo Gobierno un mayor liderazgo en Europa.
Las organizaciones ecologistas han reclamado presencia en todos los consejos consultivos con implicación ambiental, y entre ellos en el Consejo Económico y Social, una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel de esas organizaciones y la derogación de la "Ley Mordaza”. Exigen además al Ejecutivo una Ley de Fiscalidad Ambiental, la defensa de la Directiva Marco de Agua frente a los países que están tratando de reformarla para hacerla “más permisiva”, o medidas “urgentes” para frenar la pérdida de biodiversidad, y entre éstas una oposición radical a reformar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad vigente.
Para favorecer un modelo productivo basado en la economía circular y el objetivo de residuos “cero” los ecologistas apuestan por defender una directiva que reduzca la distribución de plásticos de un solo uso, conseguir la separación de biorresiduos en el año 2020 y adelantar la separación textil a 2020. En materia de energía, las ONG conservacionistas han señalado que las interconexiones gasistas son “contradictorias” con los objetivos climáticos fijados en París, y han pedido que se deniegue la autorización previa para la construcción del Almacén Temporal Cetralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca) mientras no exista un calendario de cierre “ordenado” de las centrales nucleares.
Para combatir la contaminación, exigen una equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, revisar las etiquetas de la DGT sobre las emisiones reales de los vehículos y respaldar los planes de mejora de calidad del aire que se han puesto en marcha en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Las cinco organizaciones han reclamado que se reduzca el uso de pesticidas en un 30 % para 2020, objetivos “más ambiciosos” para reducir el uso de plaguicidas, que se prohíba el uso del diclofenaco para proteger a las aves y la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.
Asunción Ruiz, directora de SEO/Birdlife, ha recordado que España es el país europeo con una mayor y más variada biodiversidad y ha advertido que no habrá una verdadera transición energética si no se protege de una forma “adecuada y urgente” esa biodiversidad. Para Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, ha señalado que la “música” del nuevo Gobierno y de la nueva ministra “suena bien; pero falta la letra y las fechas” y se ha referido al cierre de las centrales nucleares y de carbón como “la línea roja”.
La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha puesto el acento en la importancia de implementar políticas agroalimentarias más respetuosas con el medio ambiente, y en ese sentido que la nueva Política Agraria Común deberá ser, después de 2020, “más justa, sostenible y saludable”. Y Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, ha advertido que no existirá transición ecológica si se dejan de lado los aspectos relacionados con la salud pública que determinan la calidad de vida de los ciudadanos.
