Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, se estrenó ayer como representante española ante la UE en un Consejo de ministros de Energía (en Luxemburgo) que puede ser clave para definir los equilibrios en la acción climática europea. En la reunión se ultimará la legislación comunitaria para desarrollar el Acuerdo de París contra el calentamiento.
Los estados negocian en concreto los objetivos comunitarios en materia de energías renovables (solar, eólica, residuos…) y eficiencia para el año 2030, así como las metas sobre descarbonización de su economía (calefacción, refrigeración, transportes). En este dialogo a tres bandas deben ponerse de acuerdo con el Europarlamento y la Comisión (Ejecutivo europeo).
La gran novedad de la presencia de Ribera es que España ha cambiado su posición respecto a la que venía manteniendo el Ejecutivo del PP. Ahora, el Ejecutivo pide elevar al 34%, al menos, la participación de las renovables en el 2030. “Lo que está encima de la mesa no es suficiente para cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático. Por eso, España va a pedir que haya una mayor ambición; queremos la máxima ambición”, argumentan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. España mantendrá reuniones con Portugal y Francia para actuar en colaboración.
El resultado es que España podría hacer cambiar los equilibrios políticos internos y decantar a Europa hacia posiciones más avanzadas, según interpreta el socialista José Blanco, el eurodiputado ponente de la directiva europea sobre energías renovables. En cambio, el ex ministro Álvaro Nadal se caracterizó por su apoyo al carbón y sus reticencias hacia fuentes renovables (incluido el bloqueo al autoconsumo con fuentes renovables)
Objetivos europeos en renovables
Los ministros de Energía europeos se plantearon inicialmente como objetivo -para el conjunto de la UE- lograr que el 27% de la energía proceda de fuentes renovables para el año 2030. Sin embargo, en una posición muy distinta el Europarlamento acordó situar esa meta en el 35%.
“El 27% era insuficiente, sobre todo porque la información disponible nos indica que es posible alcanzar el 35%, dada la notable reducción de costes en estos modos de producción”, dice José Bono a La Vanguardia. Hasta la llegada del PSOE al Gobierno, el Ejecutivo español sólo había aceptado aumentar esa participación hasta el 30%, y con muchas reticencias. Ahora, sin embargo, desde el Ministerio de Transición Ecológica se impulsa elevar este listón hasta situarlo en el 34%, como mínimo, en línea con lo que sostuvo el eurogrupo parlamentario socialista.