La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) valora de forma positiva el “cambio de tendencia en materia de política energética” a cargo de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y manifiestan sus expectativas de cara a la nueva etapa que se inicia con el nombramiento del nuevo ejecutivo.
El primer cambio en la política energética que reclama el sector fotovoltaico es que, en los próximos meses, el ministerio “siente las bases y ponga en marcha las medidas para llevar a cabo un proceso de transición energética en nuestro país, mediante la definición de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que esté en línea con los compromisos adquiridos a nivel europeo y en el marco del Acuerdo de París adoptado en 2015 en materia de cambio climático”. Palabras que bien servirían para resumir la declaración de intenciones que la titular de Transición Ecológica ha realizado durante el traspaso de carteras en el ministerio, en el día de su toma de posesión del cargo.
En el marco de esta transición energética, desde UNEF consideran “de vital importancia” que se diseñe un nuevo sistema de mercado “adecuado a las características de las energías renovables”, se defina “un nuevo sistema de fiscalidad ambiental”, se desarrolle “una reestructuración de la tarifa eléctrica” y se fomente “la electrificación de la economía basada en la generación renovable”.
Un cambio en la política energética que devuelva el liderazgo a España
El sector fotovoltaico también demanda una “posición de referencia y liderazgo para España” a nivel europea, especialmente “en el tema de la transición energética” y que desempeñe un “papel central” en este sentido en el ámbito de las negociaciones del trílogo sobre el Paquete de medidas “Energía Limpia para todos los Europeos”, apoyando la posición aprobada mayoritariamente por el Parlamento Europeo. En este sentido, UNEF recuerda que “los puntos centrales incluyen el apoyo al autoconsumo, a través de la introducción de la simplificación administrativa, la defensa del principio de seguridad jurídica y el cumplimiento del objetivo de energías renovables a 2030”.
En cambio en la política energética nacional, la patronal fotovoltaica apela a la responsabilidad del nuevo Gobierno para que “se cumplan las promesas reflejadas en el programa político” del partido ahora en el poder, que contemplan la eliminación del peaje de respaldo, el popularmente conocido como “impuesto al sol”, así como de las barreras administrativas que actualmente gravan los proyectos de autoconsumo. También reclama que se defina la regulación del autoconsumo colectivo.
UNEF también demanda “que se ponga fin al contexto de inseguridad jurídica institucionalizada para los proyectos fotovoltaicos y de renovables a través de la fijación de la rentabilidad razonable, tanto para los proyectos ya construidos, como para los proyectos de la subasta y futuros”. El sector solicita además que “se actualicen y simplifiquen las condiciones de acceso y conexión para los proyectos fotovoltaicos, y que se convoquen en un breve plazo las subastas fotovoltaicas para las Islas Canarias y las Islas Baleares”.
La supresión del “impuesto al sol”: una reclamación compartida
En el comunicado remitido por la asociación Amigos de la Tierra también se hace alusión a las principales demandas de la Unión Española Fotovoltaica. La organización ecologista ve con buenos ojos la intención del nuevo ejecutivo de priorizar el medio ambiente. Sin embargo urge a “no quedarse en el discurso y tomar las medidas necesarias para liderar la transición energética y legislar para avanzar hacia la economía circular”.
Entre las medidas reclamadas por Amigos de la Tierra destacan, en este contexto, “la aprobación de una ley transversal de cambio climático y transición energética basada en presupuestos de carbono, cuyo objeto sea descarbonizar por completo la economía española para 2035”. La organización ecologista insiste además en “suprimir el peaje de respaldo, el impuesto al sol, del Real Decreto 900/2015 y simplificar el procedimiento administrativo para nuevas instalaciones”. Recuerda además la necesidad de “favorecer la energía comunitaria renovable, impulsar las instalaciones de titularidad compartida, y dotar de competencias y beneficios a entidades municipales para que hagan una apuesta decidida por la transición energética”.
