Es menos conocido que otros contaminantes, pero es el que afecta a un mayor número de población y uno de los más difíciles de combatir. El ozono troposférico (O3) -una sustancia que según la Agencia Europea de Medio Ambiente causa unas 1600 muertes prematuras al año sólo en España- se ha convertido en uno de los grandes problemas para la calidad del aire de los estados europeos, especialmente en aquellos, como España, con temperaturas más elevadas y grandes dosis de sol.
Aquí su incidencia se ha disparado en los últimos años. La población que respira aire contaminado de ozono troposférico por encima de los niveles máximos permitidos en la legislación se ha duplicado entre 2014 y 2017 hasta alcanzar los 12,8 millones de personas, según los datos recogidos por las 455 estaciones de medición de esta sustancia que existen repartidos por todo el territorio nacional. Es decir, que aproximadamente un 25% de los habitantes se ve afectado. Y si se atiende a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con unos límites más estrictos que los de la ley, esa cifra ascendería hasta el 81% de la población.
Es además, y con mucha diferencia, el más extendido, porque a diferencia de otros contaminantes que permanecen concentrados en los lugares con mucho tráfico, este se desplaza con gran facilidad y tiende a quedarse en zonas rurales, suburbanas y del litoral. Entre 2015 y 2017, un tercio de las 126 zonas en las que se mide este contaminante sufrió niveles nocivos para la salud. Las comunidades más afectadas en estos tres últimos años han sido Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid y la región de Murcia. Aragón y Navarra sufren además niveles nocivos para la vegetación.
Sin embargo, en España no existe ninguna medida concreta para atajar este contaminante, que es muy dependiente de las condiciones climáticas. La particularidad del ozono troposférico u “ozono malo” es que se trata de un contaminante secundario, que no sale directamente de los tubos de escape de los coches o de las chimeneas de las industrias, sino que se forma en la baja atmósfera por la reacción entre la luz solar y otros contaminantes precursores, derivados del tráfico, las grandes centrales termoeléctricas y algunas fábricas.
“Siempre hemos tenido ozono, pero se ha regulado más tarde y se le ha prestado menos atención porque la contaminación se ha entendido siempre como un problema de las grandes ciudades. Con la crisis bajaron los niveles de otros contaminantes clásicos como el CO2, el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión, pero con el ozono no se ha corregido el problema, y como es tan generalizado nadie ha querido entrar a solucionarlo”, explica Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinador de los informes sobre Calidad del Aire que cada año realiza la organización.
La ley establece que, en primera instancia, son las comunidades autónomas las que deben elaborar planes específicos de medidas contra los contaminantes que las afectan, pero cuando el problema se extiende por varios territorios, también el Gobierno debe poner en marcha un plan nacional. Ni una ni otra cosa se ha hecho. “Las comunidades se agarran a que no tienen una directriz por parte del Gobierno central”, dice Ceballos.
La ONG ecologista interpuso en abril un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por este motivo. El Gobierno había salido del paso con el Plan Aire II que aprobó el año pasado, un documento de medidas generales contra todos los tipos de contaminación, pero los ecologistas consideran que no cumple con lo dispuesto en la normativa.
La organización llevó también el caso ante la Comisión Europea, pero la directiva comunitaria no obliga a los Estados a elaborar planes contra el ozono, porque lo considera un problema complejo, aunque en la transcripción de la ley España sí incluyó esta obligación. Por eso, ha registrado también peticiones formales ante el Ministerio de Medio Ambiente para presionar en este sentido.
