Los Ayuntamientos de la comarca de la Sierra del Guadarrama recibiran en torno a 50 millones de euros del Fondo de 8.000 millones destinado por el gobierno central a obras municipales a realizar en el año 2009, según los ecologistas. En cantidades que están en torno a los 500.000 euros para los municipios más pequeños, hasta los más de 10 millones que recibirán Las Rozas o Villalba. Estos fondos duplican las inversiones previstas para el próximo año por nuestros Ayuntamientos, la Coordinadora Salvemos la Sierra, una plataforma de organizaciones de la Sierra de Guadarrama.
La asociación considera que la llegada repentina de fondos puede convertirse tanto en una oportunidad para poner en marcha actuaciones que generen empleo y mejoren la calidad de vida en nuestros pueblos, como en una desordenada lluvia de actuaciones precipitadas, inconexas y superficiales, así como en un nuevo foco de corrupción y amiguismo.
Preocupa también a la Coordinadora Salvemos la Tierra, que como los proyectos deben estar definidos completamente para finales de enero de 2009, se pongan en marcha de manera oscura por los pequeños grupos de interés que dominan la vida municipal y que, de nuevo, se escamotee la participación para decidir el destino de unos fondos que provienen de los impuestos, donde los vecinos tienen mucho que decidir.
Piden un enfoque eminentemente social y medioambiental
Las organizaciones que integran la Coordinadora Salvemos la Sierra piden que para el mejor uso de estos fondos los Ayuntamientos tengan en cuenta los siguientes aspectos:
Que en las obras que se realicen se dé una importancia de primer orden a su orientación social (que sean intensivas en mano de obra, para crear más empleo, que se favorezca la contratación, al menos paritaria, de mujeres, que se vigilen que los salarios y las condiciones de trabajo sean dignos, que se penalicen las subcontrataciones, etc.).
Que se pongan en marcha en nuestros Ayuntamientos procesos urgentes de participación vecinal para definir qué obras se realizarán. Consideramos que se debe abrir un proceso de consultas públicas con las asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos sociales y medioambientales, asociaciones de padres y madres de alumnos, grupos de vecinos, pequeños empresarios, ganaderos, etc. para definir cuáles son las actuaciones prioritarias para cada uno de nuestros municipios.
Que se dé prioridad a obras que favorezcan la calidad de vida de los vecinos y el medio ambiente, como aquellas que favorezcan la movilidad de los peatones (aceras, peatonalización de calles, accesibilidad, etc.), la mejora de los caminos vecinales y la salvaguarda de las vías pecuarias, los carriles-bici urbanos, la mejora de los equipamientos públicos (colegios, centros de salud, etc.), la limpieza de las zonas naturales, el saneamiento (alcantarillado, depuración de aguas, etc.), etc.