Amazonas
El Gobierno de Ecuador lanza el «Programa Socio Bosque», que dará incentivos a las comunidades indígenas que eviten la deforestación y cuiden el bosque.
A pesar de que casi la mitad del país (11 millones de hectáreas) está cubierto por masas forestales, la tasa de deforestación es la más elevada de América Latina, con una pérdida de 200.000 hectáreas anuales. La mitad de la superficie forestal (54%) está en manos de las 11 comunidades indígenas diferentes que habitan Ecuador; de ahí la importancia de trabajar con ellos en el mantenimiento del bosque.
El programa se desarrollará en cinco millones de hectáreas en las que viven más de un millón de indígenas.
La tala ilegal como gran problema
Uno de los problemas que presenta la gestión forestal es la tala ilegal, asociada a la corrupción. Paulina Baca, del Ministerio ecuatoriano del Medio Ambiente, ha comentado que los controles forestales son todavía ineficientes y existen explotaciones forestales ilegales. Una de las vías para luchar contra estas explotaciones es un sistema de control descentralizado en el que se vigilen carreteras, se realicen auditorías de campo, se desarrolle un sistema informático y, a partir de ahí, se otorguen permisos de aprovechamiento legales.
El Gobierno de Ecuador pretende pagar directamente a campesinos e indígenas por la conservación del bosque, en función de unos rangos. Así, para las primeras 100 hectáreas se pagarán 30 euros por hectárea; entre 101 y 500 hectáreas se abonarán 20 euros; de 501 a 5.000 hectáreas se pagarán 10 euros; de 5.001 a 50.000 serán cinco euros; y de 50.001 en adelante, dos euros. Los precios disminuyen cuantas más hectáreas, para que los que tengan menos terrenos se beneficien en la misma proporción que los grandes terratenientes.
Ecuador pretende que las masas forestales que no se talen se consideren dentro del paquete del cambio climático como deforestación evitada y, por tanto, no emisora de CO2.
Certificación de la madera, sellos de garantía
Según WWF/Adena, el 16% de la madera que se importa en España procede de países donde las talas ilegales e insostenibles son habituales.
Para que el comprador pueda tener la certeza de que su madera es de origen legal son necesarios certificados que garanticen que el proceso ha sido limpio. En la actualidad existen dos sellos de garantía: FSC y PEFC, que cuentan en total con 320 millones de hectáreas de superficie forestal certificada de más de un centenar de países.
Estos certificados avalan que la madera procede de zonas gestionadas de forma adecuada, cuentan con un programa social para la zona de extracción, es ambientalmente sostenible, no son especies protegidas y es económicamente viable.
En España existen más de 1,1 millones de hectáreas de superficie forestal certificada, que apenas representa al 7%. Los demandantes de productos derivados de la madera, como Aspapel, advierten de las carencias de materias primas certificadas para adquirir en el mercado.
