Parque Regional del Sureste
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por esperanza Aguiire aprobó ayer el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque del Sureste, con más de nueve años de retraso.
Colectivos ecologistas habían alarmado sobre la «opacidad» con la que se estaba tratando el tema, ya que ni la Junta Rectora del Parque, ni los propios ecologistas que trabajan en él, habían sido informados del contenido, ni de la aprobación del PRUG.
Favorece al sector urbanístico, cinegético y minero
Pero finalmente ayer se aprobó el Plan, considerado por los ecologistas «ilegal» en alguno de sus articulados, favoreciendo los intereses de algunos de los sectores que más contribuyen a su degradación como son el sector de urbanismo, el sector cinegético o el sector minero.
Además de autorizar los campos de golf y cualquier tipo de instalación deportiva en el interior de su territorio, permite el relleno de graveras y huecos con todo tipo de tierras y escombros, incluidas aquéllas con contaminantes o que procedan de tuneladoras.
16 campos de golf e instalaciónes deportivas
La construcción de campos de golf o instalaciones deportivas resulta contrario con lo establecido en la Ley 6/98 o el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, los cuales no contemplan en ningún caso este tipo de instalaciones. El escenario que se presenta a la vuelta de algunos años son 16 campos de golf, polideportivos, campos de fútbol… En cada uno de los municipios que componen el Parque.
Convierte al Parque en la «gran escombrera regional»
El texto aprobado afecta a la “protección del suelo y los recursos geológicos”. Según los ecologistas, en este punto institucionaliza la utilización del Parque como la «gran escombrera regional», cosa que ya estaba ocurriendo de forma fraudulenta. Además, tachan de «vergonzoso» que se permitan para el relleno de huecos y restauración de graveras, todo tipo de tierras, incluidas aquellas que procedan de tuneladoras o que puedan contener sustancias contaminantes. Este hecho puede ocasionar daños irreversibles en los suelos del Parque y una alteración de las condiciones físico-químicas de los mismos.
Por lo que respecta a la caza queda supeditada a la aprobación de un Plan de Ordenación Cinegética (POC), cuyo borrador autorizaba la actividad cinegética en zona prohibidas. Por otro lado, en ningún artículo del PRUG se hace mención alguna a la prohibición expresa por la Ley a que se cace en las zonas de mayor valor ambiental.
Abusivas explotaciones de tierra
Los ecologistas alarman de que el PRUG no parece que vaya a suponer una regulación sostenible para la actividad de la minería de áridos, uno de los usos que más han degradado la zona, ya que, entre otros motivos, es incapaz de limitar la concentración abusiva de explotaciones en la zona sur (Ciempozuelos-Titulcia-San Martín de la Vega). Sólo en Ciempozuelos está proyectado el establecimiento de más de la mitad de las graveras que operan en todo el Parque.
Para las asociaciones ecologistas se deberían elaborar una serie de plazos para reconvertir el sector hacia la agricultura ecológica, más acorde con los objetivos de conservación de un Parque Regional.
Disminución de las restricciones
En definitiva, creen que el texto presentado no aporta nada nuevo a la normativa y planificación ya existente, tachándolo de «copia del PORN pero rebajando la casuística o el grado de restricción». Además opinan que el texto está redactado en favor del sector urbanístico, de la construcción, de la caza y de la extracción de áridos en vez de para conservar un espacio natural.
Por ello, las organizaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo estudian llevar al Gobierno Regional a los Tribunales de Justicia, al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea por la aprobación de este reglamento totalmente «ilegal» y que ocasionará un daño irreversible a los ecosistemas de los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares.
