La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) advirtió ayer que de nada servirá comprar derechos de agua si no hay conducciones para transportarla, en relación a la propuesta sugerida por la ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, a su homólogo en la Generalitat de Cataluña, Francesc Baltasar, de que compre derechos de uso a los regantes para paliar la necesidad de suministro al área metropolitana de Barcelona.
El presidente de FENACORE, Andrés del Campo, señaló que se trata de una solución de urgencia a la que los regantes no se oponen, pero que su viabilidad depende de donde vayan a comprar el agua. En este sentido, señaló que sería impensable que compraran derechos en Galicia y que en las cuencas internas de Cataluña la situación es crítica.
En todo caso, insistió en que desde hace dos años la Ley permite hacer cesiones temporales del uso del agua, a un precio que suele multiplicar por 10 el del mercado para compensar a los agricultores. Así, hasta el momento cedentes y compradores se han puesto de acuerdo entre ellos, comunicando la operación a la Confederación Hidrográfica correspondiente, que tiene derecho de retracto.
Banco de agua
"Ahora se propone algo diferente, un banco de agua, a través del cual las Confederaciones compran agua a unas condiciones concretas y los regantes deciden si la ceden o no en estas circunstancias", señaló. En situaciones de emergencia, la medida puede compensar a ambas partes. Por un lado, se obtiene el suministro necesario y por otro se compensa a unos agricultores con un agua disponible inferior a la necesaria para salvar la cosecha.
Por ejemplo, en zonas de Guadalquivir este año algunos sólo van a poder realizar dos riegos, algo insuficiente para salvar los cultivos de verano. "A esos agricultores les puede venir bien no usar ese agua y cederla a cambio de una compensación económica", dijo a Europa Press. Igualmente, hay zonas de España en las que los regantes tienen agua sobrante que también pueden cederla.
En todo caso, Del Campo advirtió que ésta es una medida "de urgencia" para paliar una situación de emergencia durante tres meses porque "el precio del agua se encarece demasiado" como para contemplarlo como algo permanente. A su juicio, es necesario realizar las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua de Aragón y realizar trasvases "antes o después".
