El Consejo de Ministros ha declarado «la emergencia climática y ambiental” en España. No se trata únicamente de una declaración de intenciones, el Ejecutivo se ha comprometido a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días con el fin de hacer frente a los riesgos y amenazas que supone el cambio climático.
Entre ellas, el Ejecutivo asegura que remitirá al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático, una asignatura pendiente. Con esta ley del Clima, el Gobierno quiere garantizar las emisiones netas cero “no más tarde de 2050”.
Para ello, el Gobierno impulsará un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones 0 (directas) y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatible con la descarbonización de la economía, tal y como informaron desde la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Emergencia climática
Otro de los compromisos para los primeros cien días es definir cuál será la senda de descarbonización a largo plazo con el fin de asegurar el objetivo de neutralidad climática. El Gobierno también va a presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con el fin de tratar de logar un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos del cambio climático.
El citado plan contará con un sistema nacional de observación del clima y se llevará a cabo un análisis de indicadores de impacto. Asimismo, el Ejecutivo va a reforzar los mecanismos de participación ya existentes con la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, que incluirá la participación de los jóvenes y en la que habrá el mismo número de mujeres que de hombres.
Por último, en estos primeros cien días, el Gobierno va a impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
Pero no serán las únicas medidas. Dado que la declaración hace hincapié en que la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en materia de cambio climático, además, ha definido otras 25 líneas de actuación prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental.
Así, se incorporarán medidas que integren esta variable en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. Respecto a estas dos últimas, el Ejecutivo va a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad a lo largo de 2020 y va a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
Proyecto de futuro común
El objetivo de la declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas transversales, que pongan al ciudadano en el centro. Dentro de este objetivo, el Ejecutivo asegura que actuará frente a la pobreza energética y que asegurará la participación activa de las mujeres en la transición energética.
El acuerdo pone énfasis en el desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal.
Además, van a elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público con el fin de alcanzar la transformación viable del sector financiero público y privado.
Adiós beneficios fiscales al carbón, adiós fracking
Asimismo, se fomentará que las inversiones públicas tengan coherencia con los objetivos del Acuerdo de París (lograr que el aumento de temperatura esté entre 1,5 y 2ºC respecto a los valores preindustriales).
En este sentido, no se otorgarán nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. Tampoco se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni para actividades de fracking.
La declaración también recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos con el fin de alcanzar el “residuo cero” en 2050, así como la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público. Además, se van a tomar medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
Por último, antes de 2021 se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y se quiere conseguir que el 30% de la superficie marina esté protegida en 2030.
Fuente: Belén Tobalina / LA RAZÓN,
Artículo de referencia: https://www.larazon.es/sociedad/20200121/x7trnyuarvasbfynjssvbvotwe.html,
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