El covid-19 ha obligado a repensar los fundamentos de la administración pública para hacer frente a unos retos tan enormes como ilusionantes para los servicios públicos de la segunda década del siglo XXI.
La transformación de la administración es una necesidad que entronca de modo irreversible con la irrupción de los “Fondos Next Generation” de la UE, llevando a situar al ciudadano en el centro del “corazón electrónico” de aquella.
La Administración digital requiere de nuevos paradigmas, dado que estamos pasando del modelo de sociedad industrial, al modelo digital y las reglas de funcionamiento están cambiando. No es aventurado decir que ha llegado el momento de “mover ficha” y tocar algunas de las bases fundamentales de nuestras administraciones públicas. Esas bases que en ocasiones preferimos pasar de puntillas o ir poniendo parches para no generar ninguna herida.
Parece claro que estamos viviendo un cambio de época, pero ¿cómo están afrontando el cambio nuestras administraciones públicas? Quizá esta idea de pacto aún no ha llegado a un momento de maduración suficiente, pero no es excusa para no iniciar el camino hacia el cambio y dar pasos hacia la transformación de las administraciones.
Muchas de nuestras administraciones se están viendo asfixiadas porque el modelo existente está caduco y se enfrenta a grandes dificultades para adaptarse a los cambios que estamos viviendo. Necesitamos unos servicios públicos digitales, proactivos y personalizados con todo lo que ello implica a nivel organizativo, procedimientos, datos y uso de la tecnología: hacer las cosas de un modo distinto para dar la mejor respuesta y experiencia a las necesidades de la ciudadanía, que es el “cliente estrella” y la razón de ser de la administración pública.
Por ello, cuestiones como la alfabetización digital, la accesibilidad y la usabilidad, los medios tecnológicos disponibles, etc., y cómo debemos ofrecer los servicios para que lleguen a sus destinatarios finales, pasan a ser cuestiones principales en el devernir de una administración pública moderna.
Y entroncando con estos principios, los nuevos procedimientos administrativos y de contratación electrónicos constituyen elementos fundamentales de transparencia, lucha contra la corrupción y mejora de la eficiencia de las entidades públicas,
Por ello, resulta fundamental que todo empleado de las mismas los conozca y maneje con soltura, haciendo frente al sinfín de incidencias nuevas que han de surgir en los procedimientos administrativos en general, y en los de contratación administrativa en particular, tras la irrupción y entrada en vigor en mayo de 2021 del tan esperado Reglamento de Administración Electrónica, que viene a asentar definitivamente las bases de una nueva administración, presidida por lo digital, para un “e-ciudadano” cada vez más exigente que se mueve en la cultura de la innovación constante.
Fuente: Redacción Ambientum
