Algunos zoos de España incumplen la Directiva Europea referente al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, que es vinculante a la normativa estatal a través de la Ley 31/2003. Concretamente las imputadas en el proceso son las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Galicia y la Comunidad Valenciana.
Punto sancionados
Son varios los puntos por los cuales ha sido imputada ante las Cortes europeas, los principales son los que a continuación se abordan:
Demostrar ante la UE cual es la autoridad competente designada, que deberá ser la máxima mandataria en la gestión de los zoos.
La Ley 31/2003 especifica la necesidad de realizar inspecciones anuales, que deben evaluar los cuatro puntos principales de la norma:
Conservación: Tienen que realizar planes de conservación para alguna de las especies que tienen en las instalaciones y están catalogadas en peligro de extinción. En caso de no ser una de las especies presentes en el zoo, deben realizar planes para otras especies catalogadas de tal forma.
Educación: en la ley se especifica que tanto la conservación como la educación ambiental deben ser los principales pilares de este tipo de instalaciones, no tanto así el beneficio económico que reporta esta actividad.
Seguridad: se deben realizar auditorias para establecer las medidas de seguridad tanto para los visitantes, como para los propios animales, haciendo referencia a medidas fitosanitarias.
Bienestar animal: siendo las comunidades autónomas las encargadas de tomar las medidas que estima oportunas. Por lo que no existe una homogeneidad en la forma de demostrarlo.
También se advierte de que el Gobierno no tiene constatada una base de datos, donde se recojan todas las instalaciones de este tipo, que deben tener acceso al público.