España genera unos 135 millones de toneladas de residuos al año, de los que se reciclan menos de la mitad y se destina al depósito en vertedero casi el 50 por ciento. Unos datos que dejan claro que a pesar de la mejora que se viene realizando en los últimos años, esta es «lenta y quedan todavía importantes retos que cumplir para poder cumplir con los ambiciosos objetivos europeos». Así lo señaló este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien inauguró el Foro ABC/Ecolec sobre La gestión de residuos en España y en el que se debatió sobre los retos y oportunidades de futuro que ofrecen dentro de un marco auspiciado por la Estrategia Española de Economía Circular.
Morán insistió en la necesidad de un marco normativo que revise en profundidad el régimen jurídico básico de la gestión de residuos en España y que para ello, la pieza principal es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que anunció llegará como proyecto de ley al Consejo de Ministros en unas semanas, lo que permitirá iniciar su tramitación parlamentaria en los próximos meses.
Un texto que «aborda con especial atención la problemática de los residuos plásticos, en particular, los de un solo uso. Se estima que el 80% de las basuras marinas proceden de fuentes terrestres, por lo que gran parte de las medidas para su erradicación se deberán asentar en las políticas de gestión de residuos», señaló el secretario de Estado. De manera que, tras la aprobación de la ley, quedará prohibida la introducción en el mercado de pajitas, cubiertos, agitadores de bebidas, palitos para sujetar globos, recipientes y vasos para alimentos y bebidas de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones, o cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable, así como cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos.
Además, se establecerá un calendario de recogidas separadas obligadas para nuevos flujos de residuos como biorresiduos, textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados y voluminosos. Estos cambios requerirán inversiones que, en el caso de España, han sido cuantificadas por la Comisión Europea en casi 2.500 millones de euros de aquí a 2050, y que otros cálculos elevan hasta los 4.000 millones.
Impuestos y responsabilidad
Morán señaló que «como novedad, en el texto de la futura ley se ha reforzado la prevención de residuos mediante la inclusión de nuevos objetivos concretos y cuantificables, así como medidas específicas, poniendo especial énfasis en algunos flujos concretos como son los residuos alimentarios»
Además, revisa la regulación de la responsabilidad ampliada del productor para que estos asuman la carga financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto. Una responsabilidad que se amplía para nuevos productos: artes de pesca, varios productos de plásticos de un solo uso (productos del tabaco, toallitas húmedas, globos…) así como para textiles, muebles y enseres, y plásticos agrarios no considerados envases.
Morán precisó que también se introducen en la ley nuevos instrumentos económicos en la forma de medidas fiscales como un impuesto a la incineración, la coincineración y el depósito de residuos en vertedero, así como un impuesto a envases de plástico no reutilizables. Y señaló que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España es un nuevo y «gran aliado para el despliegue de la economía circular» en el país, ya que ha iniciado su ejecución con la puesta en marcha de ayudas destinadas a modernizar la gestión de residuos. «Las inversiones asociadas a este componente ascienden a 850 millones de euros, 500 de los cuales se prevén para este año 2021. De esos 500 millones, el 83% será territorializado y estará destinado a la implementación de la normativa de residuos», explicó el secretario de Estado, quien reconoció que «el reto que tenemos por delante no es pequeño, como tampoco son menores sus implicaciones. Pero estamos convencidos de que no hay otro camino posible para diseñar el futuro, porque el modelo económico lineal es insostenible».
Uno de esos sectores en los que se está produciendo un importante crecimiento de residuos es el de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Una realidad que puso de manifiesto Begoña Aguirre, presidenta de la Fundación Ecolec: «Al final de esta década se generarán 74 millones de toneladas de RAEEs. En todo el mundo cada ciudadano genera unos 7,3 kilos de basura elecrónica al año, el material necesario para construir 4.500 Torres Eiffel. Solo se aprovecha el 20% de los materiales que contienen. Si trasladamos esto a valores económicos, al año se pierden 57.000 millones de dólares por no recuperar estos materiales. El desafío y el reto están muy claros».
Cuatro años de récord
Un reto en el que la Fundación Ecolec lleva trabajando más de diecisiete años y que, a día de hoy, la han convertido en el primer y único Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en superar por cuarto año la barrera de los 100 millones de aparatos eléctricos y electrónicos gestionados «de forma real, legal y responsable», señaló Aguirre, quien insistió en los datos positivos obtenidos en un año marcado por la pandemia.
Luis Moreno, director general de la Fundación Ecolec, refrendó con datos la situación de los RAAEs en nuestro país. En total, han conseguido gestionar 115.820 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entre los que destacan las más de 67.000 toneladas de grandes aparatos, las casi 33.000 toneladas de aparatos de intercambio de temperatura como aires acondicionados y frigoríficos, las más de 12.000 de pequeños aparatos o las 2.637 toneladas de monitores y pantallas.
Luis Moreno hizo hincapié en la importancia de que se estén cumpliendo los objetivos de recuperación en el caso de aparatos como frigoríficos o televisores, que resultan muy contaminantes. No en vano, un frigorífico mal reciclado emite a la atmósfera gases de efecto invernadero equivalentes a las emisiones que un coche genera en 15.000 kilómetros y el fósforo que contiene un televisor es capaz de contaminar hasta 80.000 litros de agua.
En cuanto a la situación de las diferentes comunidades autónomas, Luis Moreno puntualizó que la situación es dispar. La media de recogida se sitúa en 8,81 kilos por habitante, aunque a la cabeza se sitúan Castilla-La Mancha, con 12,58 kg/hab, seguidos de Baleares con 12,34 y Aragón con 11,75. Las asignaturas pendientes se sitúan en Melilla (1,64), Ceuta (4,34), seguidas de Navarra, La Rioja y Andalucía. Moreno señaló que muchos de los cambios observados en los datos con respecto a años anteriores han venido provocados por la pandemia que ha cambiado los hábitos de consumo y acelerado el crecimiento de la venta online, «que ha provocado que muchos ciudadanos no supieran qué hacer con los residuos y que han llevado a puntos limpios o dejado en la vía pública para recogida de los servicios municipales y que ha hecho que el producto nos llegue vandalizado o canibalizado». Y en este sentido recordó la obligación que tiene todo vendedor de recoger el producto usado.
A debate
El final del foro lo protagonizó la mesa de debate en torno a la iniminente Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que estuvo bajo la batuta de Santiago Garrido, presidente de la Sección de Medio Ambiente y Energía del Colegio de Abogados de Madrid, y en la que participaron representantes de los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados.
Daniel Vicente, diputado del PSOE, insistió en que «no hay marcha atrás, vamos por detrás de lo que marca Europa y necesitamos situarnos en la vanguardia. Para ello, la Ley de Residuos contiene grandes medidas en las que puede haber discrepancias, pero el cambio hacia una economía ciruclar ha de ser un gran acuerdo de país».
Desde el PP, César Sánchez tildó de «insuficientes» los 500 millones anunciados por el Gobierno para afrontar la polítca en materia de economía circular y precisó que las comunidades autónomas no tendrán infraestructura para ello, que generará incertidumbre, al tiempo que la considera poco ambiciosa.
Luis Gestoso, de Vox, se mostró poco optimista frente a una «ley compleja pensada para no ser cumplida, sin mecanismos para cumplir y sancionar», al tiempo que rechazaba cualquier tipo de nuevo impuesto sobre las empresas. Desde Unidas Podemos, Juan López de Uralde insistió en la necesidad de esta ley «que ha de tener objetivos ambiciosos pero cumplibles para las empresas, la industria y la sociedad». Carmen Martínez, de Ciudadanos, recordó que la ley tiene por delante el trámite parlamentario donde confía en que «todos los grupos puedan sumar y que se escuche a todos los sectores y ciudadanos, porque es una ley importante para todos».
