Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura, han sido las comunidades estudiadas puesto que albergan las principales poblaciones de las especies carroñeras más amenazadas.
Legislación contra el veneno
En el año 2004 se aprobó la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. El motivo fue el intento de eliminar la aplicación de venenos que mataban a especies amenazadas de aves como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real.
Ahora, WWF se ha propuesto valorar el progreso de cada comunidad autónoma en base a ocho indicadores. Entre ellos destaca la dotación de recursos, aplicación de sanciones, formación del personal o sensibilización social.
Resultados
Entre las cinco comunidades estudiadas, la única que ha “aprobado” el examen ha sido Andalucía, al haber obtenido buena nota en todos los criterios. Aunque esto no es muy real puesto que si analizamos más en detalle estos resultados varían dependiendo de cada provincia.
Las demás, suspensas, con bajas o muy bajas puntuaciones. Extremadura es la peor calificada de todas, puesto que ha hecho caso omiso al problema, y esto se ve reflejado en la no elaboración de planes de actuación. Tampoco han aplicado medidas de vigilancia, prevención y sanción.
Según la asociación ecologista, Castilla-La Mancha, pese a disponer de un Plan Regional y una normativa específica adecuada, ha sufrido un grave paron en los tres últimos años. Aragón también dispone de un Plan, pero no de normativa propia, y está iniciando algunas actuaciones preventivas, pero aún no ha aplicado sanciones. Castilla y León carece de todas las normas, pero ha realizado algunas actuaciones sancionadoras ejemplarizantes, como la suspensión de la caza en algunos cotos por el uso de venenos.
Seguir el ejemplo andaluz
Para WWF, el estado de la erradicación de venenos en Andalucía debería de servir de ejemplo. No sólo por la existencia de un plan de acción, sino también por sus progresos en aspectos como la aplicación de la normativa sancionadora.
La “comunidad del sur”, ha avanzado también en la formación de los agentes medioambientales, la sensibilización de los grupos de riesgo y la facilidad y transparencia en el acceso a la información.
Una de las novedades aplicadas es la creación de patrullas caninas de detección de cebos envenenados que, tan sólo en lo que va de 2009, han realizado unas 400 inspecciones en toda la región.
