El Parlamento Europeo propuso ayer que se impongan "sanciones en el marco del derecho penal" a las actividades ilícitas y contaminadoras del medio ambiente, especialmente por "vertido ilegal de residuos peligrosos en territorio de otros países" de la Unión Europea.
Además de lamentar que la UE no está cumpliendo con sus objetivos marcados para la protección del medio ambiente o la reducción del ruido en las ciudades, los eurodiputados defendieron un nuevo indicador de bienestar que sustituya al PIB e incluya el impacto del desarrollo en el entorno y la salud.
En este sentido, consideraron "lamentable" que la revisión del Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, para el periodo 2002-2012 haya sufrido un retraso de un año y criticaron que la UE "no vaya a cumplir el calendario de ejecución" de las acciones previstas por este programa con respecto a las emisiones, la eficiencia energética y la calidad del aire, entre otros.
Por estas razones, la Eurocámara propone un endurecimiento de las medidas existentes o incluir otras nuevas cuando se realice la revisión, según informó en un comunicado. Así, pidió este jueves a la Comisión que presente una propuesta de directiva revisada relativa a los límites nacionales de emisiones y defendió la inclusión de incentivos fiscales para promover la conservación de la naturaleza o evitar la contaminación.
El pleno del Parlamento también recomendó que se permita una mayor libertad a los Estados miembros y a los agricultores a la hora de decidir los medios con los que cumplir los objetivos fijados por Bruselas.
El informe –que fue aprobado por 599 votos a favor y 19 en contra– indica que "una legislación vinculante sigue siendo fundamental para abordar los desafíos medioambientales". Por esta razón, los diputados muestran su "preocupación" porque algunas entidades quieran debilitar las normas comunes o sustituirlas por acuerdos voluntarios o medidas no vinculantes.
