Por este motivo, las ONG animan a la ciudadanía canaria a participar en una gran Cadena Humana el próximo sábado, día 28 de noviembre, y que rodeará la sede del Parlamento de Canarias con un perímetro de seiscientos metros. El fin de este acto simbólico es solicitar la retirada del nuevo Catálogo de Especies Amenazadas y su sustitución por uno consensuado con las autoridades técnicas y científicas en la materia, y exigir para Canarias un Parlamento que proteja el medio ambiente.
El nuevo catálogo desprotege de diferentes maneras a 341 especies que en el actual Decreto Legislativo 151/2001, de 26 de junio, gozan de un tipo de protección mucho más acorde con su situación real de amenaza. De hecho, muchas de las especies a las que se les pretende rebajar su categoría de protección han visto empeorar su estado de conservación y sus hábitats en los últimos años.
Basta algunos ejemplos como el del gorrión chillón (Petronia petronia) y la abubilla (Upupa epops), cuyas poblaciones han disminuido; el guincho (Pandion haliaetus), cuyo crecimiento de la población se ha estancado desde la fecha de creación del actual catálogo; especies emblemáticas y consideradas símbolos de la naturaleza canaria, como el drago (Dracaena draco); o la seba (Cymodocea nodosa), cuyo hábitat corre tal peligro que la urgencia de su protección motivó la movilización de los más prestigiosos científicos canarios, cristalizada en la solicitud de su nombramiento como “Hábitat de interés prioritario” dirigida al Ministerio de Medio Ambiente.
Los grupos convocantes querieren destacar la absoluta falta de rigor científico en la elaboración de este nuevo Catálogo. La propuesta emanada del grupo parlamentario adolece de la falta de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Gobierno autonómico, de las universidades canarias, y de cualquier otro organismo científico con capacidad para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas canarios.
El propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su resolución del 4 de marzo de 2009, en la que suspendió las obras del puerto de Granadilla, aludió con énfasis a “la falta de rigor científico en la descatalogación del sebadal”, que el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, firmó y autorizó para permitir la construcción del Puerto de Granadilla. Ahora se pretende cambiar la categoría de todo el conjunto de especies canarias con la misma falta de rigor científico.
Las organizaciones coinciden en valorar que esta Ley, junto a la nueva Ley de Medidas Urgentes, y el progresivo debilitamiento de la Consejería de Medio Ambiente, tienen el objetivo de eliminar cualquier barrera a la política de desarrollo insostenible prevista para Canarias.
Concretamente, el nuevo Catálogo de Especies Protegidas se convierte en el único instrumento posible que permite eludir la actual sentencia del TSJC que paraliza las obras de construcción del puerto de Granadilla, al convertir a la seba en una especie “de interés para los ecosistemas canarios”. De este modo, se puede destruir el sedabal con la excusa del supuesto “interés general” que tiene este puerto, ya que en este emplazamiento la seba no está protegida en la Red Natura 2000 y en su LIC “Sebadales del Sur”.
De la misma manera, se actuaría con el puerto de Fonsalía, en Tenerife, el puerto de Agando, en Fuerteventura, y por extensión, con el anillo insular de Tenerife, la autopista exterior, los puertos deportivos previstos, el campo de golf de Tamanca (que afecta al cigarrón palo palmero, Acrostira euphorbiae, endémico de La Palma, existente en sólo unas pocas localidades de la Isla y muy amenazado), y un largo etcétera de obras previstas y paralizadas por afectar a valiosas especies y ecosistemas.
