El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por un modelo de agricultura sostenible y ecológica, que produzca alimentos sanos y de calidad para todos, y no por una agricultura intensiva y asociada al uso del transgénicos.
Tras la campaña iniciada por Ecologistas en Acción contra los trasgénicos en Castilla-La Mancha la directora de Desarrollo Rural dejo claro que no es que la Comunidad Autónoma opte por este tipo de cultivos, pero tienen que cumplir las normas.
Durante la reunión de la Comisión Regional de Bioseguridad, celebrada el pasado miércoles 25, el Ejecutivo autonómico adoptó una serie de medidas para la gestión de riesgos que van más allá de lo que la ley marca al Gobierno como mínimos a asumir.
NUEVOS REQUISITOS
La Comisión de Bioseguridad acordó incrementar los requisitos y las medidas que se van a exigir a las empresas que van a hacer estas liberaciones voluntarias.
En primer lugar, la parcela de ensayos tendrá que situarse a 250 metros, superando la exigencia de los 200 que se pide por ley.
Se exigirá la siembra de al menos doce surcos de maíz no transgénico alrededor de los ensayos, que deben ser destruidos con el resto del ensayo. Las parcelas, deben estar protegidas mediante vayas metálicas que las aíslen la plantación de los depredadores.
El grano que se recolecta deberá ser convenientemente recogido y ha de ser incinerado y los posibles restos de cultivo deben ser destruidos. La limpieza de la maquinaria que se utilice para esta recolección debe ser limpiada en el campo de ensayos, según adelantó la directora general de Desarrollo Rural.
Los técnicos, desde el momento que se aprueba una liberación, hacen visitas regulares a las parcelas, desde la siembre hasta la destrucción de los ensayos.
Los ecologistas piden que el Gobierno declare a Castilla la Mancha como región libre de transgénicos pero no puede producirse ya que no pueden prohibir este tipo de productos.
